La economía de mercado, ¿en crisis por Covid-19?
La Fundación Rafael del Pino organizó, el 15 de diciembre de 2020, la conferencia Magistral en directo a través de www.frdelpino.es titulado «La economía de mercado, ¿en crisis por Covid-19?» que impartió Juergen B. Donges.
Juergen B. Donges es Catedrático Emérito de Ciencias Económicas y Director del Instituto de Política Económica y del Otto Wolff Institute for Economic Studies, ambos en ubicados en Colonia.
El profesor Donges fue Vicepresidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel y Presidente de la Comisión para la Desregulación de la Economía, creada por el Gobierno Federal alemán. Entre 1995 y 1997 fué miembro de la Comisión del Gobierno Federal alemán sobre la reforma del sector público y, posteriormente, Presidente del Consejo alemán de Expertos Económicos.
Juergen B. Donges es Asesor científico de varias instituciones y patrono de varias Fundaciones científicas y culturales, entre ellas la Fundación ICO, Madrid, académico correspondiente, para Alemania, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Barcelona. – Miembro de la Academia de Ciencias del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Düsseldorf y consejero de la Fundación Rafael del Pino.
Resumen:
El 15 de diciembre de 2020, la Fundación Rafael del Pino organizó la conferencia titulada “La economía de mercado, ¿en crisis post Covid-19?”, impartida por Juergen B. Donges, catedrático emérito de Economía de la Universidad de Colonia.
Según el profesor Donges, tenemos un problema de desafección a la economía de mercado. Esta tiene una serie de pilares: iniciativa individual, libre empresa, derecho de la propiedad privada, libertad de contratación, libre movimiento de personas y capitales y competencia en los mercados nacionales e internacionales.
El activismo monetario ha enraizado la creencia en papa Estado. Sorprende que los ciudadanos acepten que los gobiernos restrinjan sus derechos sin apenas control parlamentario, así como la fuerte intromisión en la economía. Estamos ante una situación en la que la disposición de los ciudadanos es pagar un precio nada desdeñable por el control de la pandemia.
Esta situación no es nueva. Siempre que hemos tenido problemas económicos graves ha aumentado la desafección a la economía de mercado, como sucedió en la Gran Depresión, las dos crisis del petróleo y la Gran Recesión.
Los males que aquejan a la sociedad en forma de paro, pobreza, desahucios, desigualdad, daños medioambientales. Todo esto es atribuido al sistema de libertades económicas. Estos problemas ya existían antes de la pandemia y constituyen un reto permanente para los gobiernos, a los que unos gobiernos responden mejor que otros. Desde determinados círculos intelectuales, sindicales y políticos se pronuncian los mensajes anti economía de mercado, para tratar de relegarla. Incluso el Papa Francisco articula su escepticismo hacia la economía de mercado, sin tener en cuenta cómo el peronismo ha empobrecido la economía argentina.
Uno de los argumentos es que la pandemia exime a los responsables de los problemas previos y que se necesita ayuda externa, a través de los fondos europeos, para superar esos problemas. Los gobiernos no son culpables de la gran embestida de la pandemia, pero no es casualidad que las consecuencias sean más acentuadas en unos que en otros. Los países más golpeados habían registrado ya antes unas debilidades estructurales en la economía como baja productividad, persistencia de elevadas tasas de paro, sistema educativo inapropiado, excesivo gasto público estructural, administración ineficiente, instituciones endebles, un tejido productivo anquilosado. De estas debilidades estructurales sí que son responsables los gobiernos nacionales, al no haber aplicado las políticas económicas necesarias. La pandemia lo ha puesto de manifiesto.
Italia es el ejemplo más llamativo, pero España no se libra de este diagnóstico. El BCE ha señalado esto sin que los gobiernos afectados se dieran por aludidos. Tampoco en España donde la agenda del gobierno contempla la derogación de la reforma laboral a pesar de los buenos resultados que ha dado en materia de creación de empleo.
Los defectos estructurales no se disiparan con dinero nacional o europeo. Las ayudas públicas para satisfacer necesidades empresariales a corto plazo pueden amortiguar el impacto del Covid, pero para que la recuperación sea sostenible en el tiempo son necesarios todos los ingredientes de la economía de mercado que impulsan la flexibilidad de adaptación de empresas y familias a las circunstancias cambiantes, incluidas la transición digital y la transición energética.
El estado no es el actor más adecuado para que la economía sea eficiente. Todo lo contrario. Ningún funcionario tiene la capacidad de predecir futuras tendencias económicas. Los sistemas de planificación central son ilustrativos del tremendo fracaso colectivo de estos postulados en términos de crecimiento económico bajo, paro elevado y niveles de vida míseros, aparte de violar sistemáticamente los derechos humanos. En áreas muy especializadas, como la industria armamentística o la espacial pueden conseguir éxitos espectaculares, pero los ciudadanos no demandan armas nucleares ni satélites artificiales.
China se libra de este diagnóstico por el cambio tras la muerte de Mao. Su espectacular desarrollo en las últimas décadas pone de relieve todo lo que se puede conseguir con un poco de libertad económica.
Con la desescalada empezó levemente la recuperación, con la economía de mercado como marco de renacimiento. Para el año próximo, los organismos internacionales marcan velocidades distintas entre países y sectores. El crecimiento global podría situarse en torno al 5% y el comercio mundial podría volver modestamente a la senda de la expansión gracias a que las cadenas de valor empiezan a recomponerse. A la cabeza marcharía China, con un ritmo de crecimiento por encima de la media mundial. Recuperaría pronto los niveles de actividad previos a la pandemia.
A China le seguirían Estados Unidos, Alemania y Francia. En estos países la epidemia no mejora como sería deseable, con lo que la recuperación sería más lenta que la contracción previa y tardaría más en compensar las pérdidas de producción de la primera mitad de 2020. En el furgón de cola irían los países con más peso del sector terciario, en concreto el turismo, que es donde más repercuten las medidas para evitar contagios.
Para España se prevé un crecimiento del 6% y el 7% del PIB. Parece mucho, pero la base es un nivel de producción históricamente bajo y no volvería a los niveles previos de PIB hasta 2023. La recuperación mostraría un perfil tipo K, con sectores como la industria manufacturera y las actividades digitalizadas avanzado a un ritmo moderado, y otras actividades, como el turismo, quedando rezagadas. Estas previsiones incluyen el impacto de los fondos europeos. El supuesto es que estos fondos lleguen a tiempo y que se destinen a proyectos de inversión de futuro, sólidos y generadores de PIB y empleo, lo cual no está garantizado. Si el gobierno no presenta con credibilidad esos proyectos, no debería recibir esa ayuda porque caería en saco roto. Los fondos se utilizarían para tapar agujeros presupuestarios y financiar políticas sociales sin efecto alguno sobre la competitividad y el crecimiento potencial a medio plazo.
Los principales bancos centrales mantendrán su rumbo extremadamente acomodaticio. Los gobiernos nacionales seguirán utilizando sus herramientas fiscales para estimular la demanda. En Estados Unidos, esas medidas son de mayor envergadura. España transmite a los mercados mensajes desconcertantes, como la implantación de subidas de impuestos en 2021 para grandes compañías y rentas altas, además de subir algunos impuestos indirectos, introducir la tasa Google y la tasa Tobin, sin reparar en el efecto disuasorio de esas medidas sobre las inversiones empresariales, y con escaso impacto recaudatorio.
Las cosas pueden ir de mal a peor en todos los países si perdura la actual segunda ola y hay un contagio que obligue a endurecer las restricciones sobre la actividad. Eso ocurriría si se atrasa demasiado la disponibilidad de vacunas efectivas para el Covid-19. Si eso sucede, la confianza de los agentes caería, la recuperación no se afianzaría y se tardarían años en recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia, al menos hasta 2026. Entonces, la reactivación tendría la forma de una W o de L.
Si se cumplirán o no las previsiones, dependerá en gran medida del buen funcionamiento de la economía de mercado, para lo que son irrenunciables tres cosas: la globalización de la actividad económica, la especialización en la producción de bienes y servicios con arreglo a las ventajas comparativas de cada país y sector empresarial, y unas cadenas de valor eficientes, repartidas multilateralmente y no solo con China como epicentro, como ha sido hasta ahora. Es decir, urge un elevado grado de apertura de las economías junto con el libre comercio y libertad de movimiento de capitales y personas. Esto tiene dos implicaciones: hay que contener el proteccionismo arancelario y no arancelario. Con Biden posiblemente las cosas cambien, pero solo posiblemente, porque Biden no es un anti proteccionista convencido, sino que representa al Partido Demócrata, que tiende a intervención en la economía, a los proteccionismos.
La segunda implicación se refiere al transito de las personas. Será necesario fortalecer los controles sanitarios fronterizos. La cuestión está en cómo hacerlo. Debería hacerse de forma transparente, coordinada entre los países y en términos claros para los agentes económicos con el fin de evitar distorsiones.
Como los shocks de oferta crearon escaseces de productos sensibles, cunde ahora una nueva idea: la necesidad de recuperar el control nacional sobre las cadenas globales de valor y, con ello, reducir la dependencia excesiva de China y otros países. Esta idea la defiende el gobierno francés junto con el gobierno alemán. Estos dos gobiernos promulgan el objetivo de repatriar sectores considerados estratégicos, lo que incluye la sanidad, cuyas actividades habían sido externalizadas a países con costes laborales más bajos. También pretenden legislar las cadenas globales de valor, exigiendo que en esos países se respeten unas condiciones dignas de trabajo. Esto es un cinismo porque las economías en desarrollo no tienen por qué compartir posturas sobre como regular los mercados de trabajo.
La desconfianza de muchos políticos, sobre todo los de corte populista, hacia las fuerzas de merado les impide valorar las consecuencia negativas, como el aplanamiento de la curva de aprendizaje, lo que mantiene elevados los costes de producción y de innovación tecnológica. Esto también discrimina a los países emergentes y en desarrollo, que se quieren integrar. Su exclusión de las cadenas de valor significa que recibirán menos inversiones, menos tecnología.
En la economía de mercado no se producen tales contradicciones. Las empresas deciden el modelo de producción internacional que consideren rentable. Tal vez consideren conveniente cambiar la estructura de la cadena de valor y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Lo importante es no echar a perder los grandes efectos benéficos que genera la división internacional del trabajo.
Un tema actualmente muy controvertido es si para encarrilar trayectorias de crecimiento fuerte y constante en el tiempo habría que ampliar el endeudamiento. La cuestión no es que la pandemia esté pasando factura a las cuentas públicas, disparando los déficits y la deuda hasta niveles históricos. La expectativa es que la recuperación ayudara a generar el superávit primario que vaya reduciendo los niveles de deuda. Este no es el problema. No estamos hablando de los déficits públicos actuales.
La cuestión de fondo que preocupa es la posibilidad de que la economía de mercado sufra de forma secular una acumulación excesiva de capital debido a que, con los elevados niveles de vida alcanzados y el envejecimiento de la población, las personas tienden a aumentar el ahorro, mientras que la demanda de capital permanece constante y se incrementa al ritmo propio de los desarrollos tecnológicos. Además, está el aumento del ahorro involuntario, y también un acusado incremento del ahorro precaución de las familias, ante una situación excepcional de riesgo laboral. Esto amplia la brecha entre oferta y demanda de capital. Para cerrarla, sigue el argumento, se requiere un aumento permanente de la deuda pública que aumente la demanda de capital y reduzca el consumo. Es más, según estos analistas habría que eliminar la norma constitucional que limita el uso del déficit estructural. Este es el escenario en el que ahora estamos, que pone muy intentos a socialistas y sindicalistas.
Este mensaje, sin embargo, no es lógico si lo miramos desde el punto de vista de la eficiencia económica, porque hay que evaluar las implicaciones en la realidad de una política así. Hay tres factores fundamentales. Uno no hay un mecanismo eficaz que canalice la deuda pública hacia una inversión eficiente. Dos, no hay garantía alguna de que el tipo de interés real se mantenga por debajo de la tasa de crecimiento de la economía, con independencia dela política monetaria. Esto tendría que darse permanentemente para que el mayor endeudamiento público sea sostenible en el tiempo y el estado no se vea sometido a ataques especulativos. Lo normal es que el tipo de interés sea superior a la tasa de crecimiento. Tres, el envejecimiento poblacional, que irá produciendo el desahorro de las familias a largo plazo.
Ante esta situación, es conveniente priorizar el principio de la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo, porque incentiva a los inversores extranjeros a comprar deuda soberana y protege a futuras generaciones de heredar hipotecas de deuda pública que reducen el margen fiscal del gobernó para aplicar políticas anticíclicas y que obligan a subir impuestos.
Lo que los agentes económicos necesitan ahora es certidumbre cara al futuro. No la pueden recibir en cuanto a la evolución de la pandemia porque todo depende de cuándo habrá una vacuna eficaz. Pero sí la pueden obtener de la política económica. El modelo adecuado es la economía de mercado, y no otro, no uno de mayor presencia del estado, que no ayuda a nadie, y menos aún a los que buscan empleo. Sin la libertad empresarial en un marco de competencia, no estaríamos asistiendo a la carrera investigadora con la que las compañías farmacéuticas de todo el mundo buscan vacunas eficaces contra el coronavirus. Esto se produce en una economía de mercado.
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