Financiación del crecimiento y la sostenibilidad de la recuperación

José Carlos García de Quevedo, Íñigo Fernández de Mesa, José María Serrano San, Ricardo Martínez Rico y Ana Samboal

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Resumen

El 1 de diciembre de 2021, la Fundación Rafael del Pino organizó el diálogo “Financiación del crecimiento y la sostenibilidad de la recuperación”, que contó con la participación de José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO; Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la CEOE; José María Serrano San, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico.

José María Serrano San: La crisis de 2008 y la actual son dos crisis distintas. La primera fue una crisis económica y la segunda es una crisis sanitaria que le ha caído encima a la economía. Son muy distintas en el punto de partida. En 2008 teníamos muchos desequilibrios: un desequilibrio externo, un desequilibrio en el sistema sistema financiero. La economía española ahora se encontraba en una situación mucho mejor desde la perspectiva del sector exterior, con unos cuantos años generando capacidad de financiación, y había saneado su sistema financiero y su estructura empresarial. Pero la situación del sector público era muy negativa, con un déficit estructural muy importante. En realidad, la crisis de 2020 pone de manifiesto los defectos que la economía española tenía previamente. Eso es lo que hace que pese más para España que para otras economías de la Eurozona.

Ricardo Martínez Rico: En 2008 el desequilibrio fundamental era el desequilibrio exterior, de aproximadamente el 10%. En 2019-20 estábamos recuperando, aunque todavía no habíamos recuperado el nivel de empleo de 2008. Pero el desequilibrio es el de las cuentas públicas, con un endeudamiento elevado, del 100%. Parte de ese endeudamiento se debió a las facturas acumuladas y a la limpieza que hubo que hacer con autonomías y corporaciones locales, y, por otra parte, con el fondo de proveedores para superar el problema de liquidez de la empresa, que fue una medida extraordinaria que se convirtió en permanente. Esto nos lleva a este nivel de endeudamiento.

José Carlos García de Quevedo: Los ajustes llevados a cabo por el sector privado y las medidas adoptadas para el COVID hace que la situación actual difiera de la anterior. En ella, la UE tardó más en intervenir. Con la crisis sanitaria, en cambio, se produce una coordinación a muchos niveles, con una respuesta inmediata en política monetaria, en vacunación y con el Fondo de Recuperación Next Generation EU. La colaboración público-privada permite la puesta en marcha mucho más rápida de las líneas de liquidez. El sector exterior ahora contribuye al crecimiento. Las medidas de mantenimiento del tejido empresarial han permitido empezar la recuperación económica de una manera clara. No ha habido dificultades de financiación y acceso a los mercados de capitales, ni ha habido restricciones financieras al tejido productivo, y las líneas de liquidez han permitido mantener la cadena de pagos a proveedores.

Íñigo Fernández de Mesa: El punto de partida de 2011 no tiene nada que ver con el actual. Pero hay un elemento absolutamente distinto que es Europa. No tiene nada que ver Europa en el año 12 que en el 20. En el 12, el BCE no compraba un bono del Tesoro, había que convencer al mercado, hacer una reforma laboral y una serie de reformas que se hicieron de forma muy rápida e hicieron que los mercados, en muy poco tiempo, recuperasen la confianza en España. La situación ahora es distinta. Europa compra bonos del Tesoro de forma muy intensa. Pero ahora ni los mercados, ni Europa, presionan para hacer las reformas. Tenemos un déficit estructural muy alto y un crecimiento bajísimo, por lo que se necesitan las reformas, dado que los impulsos fiscales y monetarios no van a durar para siempre.

José María Serrano San: El hecho de que el objetivo de inflación sea el 2% de promedio a medio plazo hace que el BCE tenga más margen de maniobra. Ya no hay esa presión de Alemania como la que hubo en otro tiempo. Es cierto que el BCE no compraba alegremente bonos, como los compra ahora, pero no se puede olvidar también que el cambio de política en España fue posible por las dos grandes subastas del BCE, en las que España cogió gran parte del dinero, que permitieron financiar el plan de pago a proveedores.

Ricardo Martínez Rico: La financiación del pago a proveedores fue posible gracias a ese programa lanzado por Draghi en diciembre y en febrero. Entonces el debate del sistema financiero era la reputación. Los bancos españoles no quisieron acudir a esa primera subasta por reputación. En la segunda acudieron de la mano del ICO. Con los 20.000 millones que obtuvieron se pudo pensar en el plan. Ahora, el BCE interviene directamente y los bancos hacen su papel, pero en aquel momento esos canales estaban interrumpidos. Ese programa, en vez de darnos crédito, paga facturas pendientes. Ayer el gobierno aprobó una nueva ley para que crezca la empresa y una iniciativa que incorporan es que las empresas que no paguen a proveedores a tiempo tendrán una penalización. Es una pequeña reforma que ayuda a la financiación, que es el cuello de botella de la economía española.

José Carlos García de Quevedo: El monitoring que estamos haciendo desde el ICO de la efectivad del programa de avales COVID ha trascendido a todos los sectores de actividad, que están teniendo la liquidez suficiente. Desde principios de este año, con la recuperación, las empresas están pudiendo atender al pago a proveedores, teniendo en cuenta la posibilidad de que la pandemia pudiera extenderse más de lo previsto. Del conjunto de empresas que tenían avales COVID que podían adherirse a la ampliación de plazos y carencias, que es obligatoria para el banco, el 55% no lo hicieron. En junio de 2021 se adopta el código de buenas prácticas, que permite nuevas ampliaciones de plazos y extensiones y se ha vuelto a ampliar plazos y carencias hasta junio de 2022. Estas medidas permiten diluir la carga financiera de las empresas. Esto ha permitido que los niveles de mora se mantengan bastante razonables. Hay que confiar en la colaboración publico privada de análisis de riesgo. Las empresas que estaban en crisis antes del COVID no han recibido crédito y los bancos han llevado a cabo ese análisis. La idea era mantener las condiciones financieras previas al COVID para mitigar el impacto.

Ricardo Martínez Rico: Gracias a Europa, el manejo está siendo tan distinto que tenemos un velo sobre la economía, derivado de un gasto público intensísimo y de un Banco Central Europeo que está comprando todos los bonos que se están emitiendo. El debate es cómo se combina la retirada de estos estímulos con la recuperación. Va a ser muy importante que recuperemos el crecimiento potencial.

Íñigo Fernández de Mesa: Estamos teniendo también unos índices de precios históricamente altos, aunque temporales, y hay que actuar con prudencia. La carga de esta crisis está recayendo fundamentalmente sobre las empresas y hay que ser cauteloso a la hora de diseñar la política económica y no sobrecargarlas porque son clave para la recuperación. Tenemos tres grandes reformas que nos pide Europa. La de las pensiones, que no se van a solucionar aumentando las cotizaciones a las empresas; la del sistema fiscal, que no se soluciona cargando más a las empresas, que ya no pueden aguantar más con la caída del 10% de sus resultados de explotación. Estos problemas se solucionan creando empleo. Aquí la reforma laboral es fundamental también, porque se necesita una reforma que genere empleo y facilite la contratación. Europa nos pide dos cosas fundamentales, que se mejore la temporalidad, pero sin desenfocar el empleo. Y la reforma del presupuesto, el equilibrio tiene que venir por el lado del gasto, mejorando su eficiencia para poder reducir el déficit público.

José María Serrano San: La crisis de la COVID ha venido a agravar problemas que ya sabíamos que existían. En 2019 ya sabíamos que habla que mejorar el mercado de trabajo, que la capacidad de crecimiento de la economía española era mínima. En el caso del mercado de trabajo, lo más importante es ser consciente de que el principal problema es una tasa de paro estructural muy elevada, del 15%. Por debajo de ella empieza a haber carencias en algunos puestos de trabajo. Hemos de atender también a cosas de largo plazo, como la empleabilidad y la formación de los trabajadores y de los que entran en el mercado de trabajo.  Hay problemas que van más allá de la reforma de la contratación o del despido. La formación profesional dual es como el cuento de la lechera, que parece que lo soluciona todo. Ojalá. El mercado tiene un problema en la empleabilidad de esos parados que es difícil y que limita nuestra capacidad de crecimiento.

Ricardo Martínez Rico: Esa es una de las reformas necesarias para lograr vahar esa tasa, pero son necesarias todas las reformas que permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. Laboral, energética, colaboración público-privada, atracción de inversiones extranjeras, son muchas reformas. Tenemos industrias extraordinarias muy volcadas al exterior. El desajuste es en la formación que se da a las personas. Las políticas activas de empleo no son solo gasto y en ellas hay mucho margen en colaboración público-privada, porque las empresas privadas ayudan a encontrar a las empresas puestos de trabajo. La crisis del COVID nos ha cambiado la forma de pensar. Cuatro millones de personas se han retirado del mercado de trabajo americano por distintas razones. Tenemos un reto de encaje de oferta y demanda importante. Muchos jóvenes prefieren el teletrabajo, tener más flexibilidad.

José Carlos García de Quevedo: Eso pasa mucho por la productividad y el crecimiento del tamaño de la empresa española, que tiene la productividad muy baja. Todas las reformas están interconectadas y no se pueden abordar de forma separada. Este es el enfoque que viene dado en el plan de recuperación. La experiencia de la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de la digitalización de la empresa.

Íñigo Fernández de Mesa: En España hay 3,4 millones de empresa, de las que 1,4 millones no tiene empleados. Hay una baja productividad porque las empresas son pequeñas. En España hay 17 legislaciones distintas, lo que ha sido un infierno para las empresas durante el COVID. En primer lugar, hay que defender a las grandes empresas, porque son las que tiran de los proveedores, las que invierten en investigación. No podemos tener vaivenes regulatorios cada mes y medio porque eso desconcierta a inversores y empresarios. Son cuestiones fundamentales para, por ejemplo, financiar la transición energética.

Ricardo Martínez Rico: Nuestras empresas, muy buenas, cuando salen al exterior, han preferido invertir en aquellos sitios donde la regulación es más estable. Un estudio del Banco de España liga el número de normas con la cantidad y calidad del tamaño de nuestras empresas. Cuanta más norma, más pequeño es el tamaño de las empresas. Dificulta generar fuerza.

José Carlos García de Quevedo: Las empresas siempre invocan la estabilidad regulatoria y que no haya cambios normativos, pero si queremos cambiar la realidad hay que introducir cambios en la dirección adecuada, como la ley de unidad de mercado o la de simplificación administrativa para los trámites. Esto puede favorecer el emprendimiento y la uniformidad de los criterios de unidad de mercado en el territorio nacional.

José María Serrano San: El problema también es la exuberancia regulatoria, que confunde y hace que muchas empresas prefieran países mucho más prudentes en la regulación, como son, en general, los anglosajones.

José Carlos García de Quevedo: De todas formas, España sigue siendo un país receptor de inversión extranjera importante.

José María Serrano San: El aumento del tamaño medio de la empresa debe ser una parte importante del programa de reformas.

Ricardo Martínez Rico: Las comunidades autónomas demuestran mucha capacidad de gasto y en los momentos en los que tienen capacidad recaudatoria importante y les resulta difícil equilibrar sus cuentas. Cuando se plantea la reforma de la financiación autonómica, ninguna autonomía quiere perder recursos. Deberíamos alcanzar un modelo que pueda permitir que se balanceen las comunidades autónomas. Ahora se ha añadió que el Estado es el principal acreedor de las CCAA, con más de 340.000 millones de euros. Las CCAA están muy endeudadas, en torno al 27% del PIB, el doble de lo que les permitiría la ley de estabilidad. Es un reto muy complejo. ¿Qué hace el Estado? ¿Añadir más complejidad a las empresas? ¿Competir en sucesiones y patrimonio? Gran parte de la inversión que viene a España es de Latinoamérica, que elige sus territorios en función de la fiscalidad. Por último, la petición de las CCAA de que se elimine esa deuda genera un riesgo moral.

Íñigo Fernández de Mesa: El sistema de financiación autonómica es hipercomplejo, pero hay dos elementos importantes. Cierta competencia entre ellas es muy sana y cierta corresponsabilidad fiscal también. Las que tienen sistemas fiscales más eficientes recaudan más y tienen menos economía sumergida. Salvo Madrid y el País Vasco, el resto de CCAA tienen la eficiencia fiscal más baja de Europa. España es uno de los países que mayor presión fiscal tiene de Europa. Las empresas soportan casi diez puntos del PIB más que la media europea, y los impuestos personales son un 18% más altos en los impuestos progresivos. Debemos tener un sistema fiscal eficiente, que recaude y aumente las bases reduciendo la economía sumergida.

José María Serrano San: El cambio fiscal es una de las reformas pendientes y necesarias, también en la imposición indirecta. El IVA es complejo e ineficiente, incluso desde el punto de vista de la equidad, y el principal defecto que tiene es la falta de recaudación.

José Carlos García de Quevedo: No puede haber una competencia fiscal entre los países europeos. Aquí, el IVA está más o menos armonizado. En el Impuesto de Sociedades se están adoptando medidas a nivel internacional para evitar esa competencia.

Íñigo Fernández de Mesa: Destopar las cotizaciones sociales aumenta la financiación del sistema de pensiones, pero luego aumenta el gasto. Muchas empresas pagan en Sociedades mucho más que el tipo mínimo del 15%. Si lo eliminas, perjudicas a las empresas que invierten en I+D.

Ricardo Martínez Rico: La mutualización de la deuda abre una puerta extraordinaria, pero compleja, de gestionar por los países. Extraordinaria porque ya tenemos un tesoro europeo que accede a los mercados a un tipo de interés entre el bono alemán y el francés, con una garantía extraordinaria. Si nuestro cuello de botella tradicional ha sido financiación, de Europa llega financiación y mucha, pero ha de ejecutarse y con eficiencia, lo que no es fácil. Esos fondos exigen también condicionalidad.

José Carlos García de Quevedo: La ejecución de los fondos se va a tener que hacer con colaboración público-privada porque el sector privado va a ser quien tenga que hacer esas inversiones. Hay que introducir cambios en la normativa para dar agilidad a la administración y a las empresas que van a decidir esas inversiones.

Íñigo Fernández de Mesa: Hablar de que Europa está mutualizando la deuda es un poco optimista. Es una parte mínima. En España, los fondos son una magnifica oportunidad y apoyan a sectores muy importantes. Es muy importante que el dinero vaya a la empresa, que haya colaboración público-privada y que haya capacidad de gasto.

José María Serrano San: Esto es un cambio radical respecto de la situación anterior. Ni siquiera ahora se habla de los países del sur. Los fondos están bien enfocados en los sectores en los que hay que invertir. Las dudas son si se va a ser capaz de gestionar esa enorme cantidad de dinero con el poco tiempo que hay para gestionarlo. El Gobierno ahí tendrá que apoyarse en las grandes empresas, que son las que tienen la capacidad para gestionar esos grandes fondos. Esto exige tener personal cualificado para ser capaces de gestionar todo esto.

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