Diálogo entre Ángel de la Fuente, Luis Miller, Benito Arruñada y Maite Rico

La Fundación Rafael del Pino acogió el 4 de diciembre de 2025 el diálogo «¿La culpa es nuestra? Cómo las preferencias ciudadanas frenan las reformas en España», con motivo de la publicación del libro homónimo de Benito Arruñada (La Esfera de los Libros). Le acompañaron en el debate Ángel de la Fuente, Luis Miller y la periodista Maite Rico, que condujo la conversación.

Más allá de la presentación de una obra, la sesión se convirtió en una reflexión incómoda sobre un diagnóstico: España lleva décadas identificando los mismos problemas económicos e institucionales, pero es incapaz de traducirlos en reformas estables. Y, según Arruñada, la explicación no se encuentra solo en las élites políticas o en los grupos de interés, sino en las propias preferencias ciudadanas.

Preferencias que empujan hacia el intervencionismo

Partiendo de encuestas comparadas con otros países europeos, Arruñada subrayó tres rasgos que, a su juicio, diferencian a España:

• Mayor estatismo: una preferencia más intensa porque el Estado sea el principal garante del bienestar.

• Presentismo: tendencia a priorizar el presente sobre el futuro, visible en una larga historia de déficit y elevada deuda pública.

• Aversión a la competencia: incomodidad con la desigualdad de resultados, que acaba traduciéndose en diseños fiscales y regulatorios que penalizan al que se esfuerza o se mueve.

Según el autor, estas preferencias se plasman en políticas concretas. Puso varios ejemplos:

• Un IRPF muy progresivo a niveles bajos de renta, que refleja más preocupación por que “no le vaya demasiado bien al vecino” que por maximizar el crecimiento.

• Un IVA reducido en sectores como la hostelería y, a la vez, un impuesto de transmisiones patrimoniales elevado, lo que desincentiva la movilidad y castiga al que compra, invierte o se desplaza.

• En vivienda, leyes que protegen al deudor o al inquilino a costa del acreedor o del propietario, empujando a muchos inversores a retirarse del mercado de alquiler.

• En educación, un sistema que, según Arruñada, tiende a castigar el esfuerzo y la excelencia, favoreciendo una “igualación por abajo”.

En conjunto, dibuja un patrón: una sociedad que desconfía de la competencia y prefiere redistribuir antes que producir más.

¿Determinismo ciudadano o margen para el liderazgo?

Ángel de la Fuente coincidió en que los resultados económicos e institucionales son insatisfactorios, pero cuestionó la lectura “fatalista” de Arruñada. A su juicio, no todo está predeterminado por las preferencias demoscópicas: el funcionamiento del sistema político, la calidad de los liderazgos y el diseño institucional introducen márgenes significativos.

De la Fuente subrayó que muchos ciudadanos siguen siendo moderados y partidarios del “sentido común”, mientras que el sistema genera una oferta política más polarizada que la demanda real. En su visión, existen “fallos de transmisión” entre preferencias ciudadanas y políticas efectivas, ligados a la estructura de partidos, la dinámica de las coaliciones y la forma de articular mayorías estables.

Luis Miller, por su parte, situó el problema en un punto intermedio: compartió buena parte del diagnóstico de fondo, pero añadió que en las últimas décadas han surgido marcos ideológicos que legitiman esas preferencias. Se ha desplazado el foco desde la igualdad de oportunidades hacia la igualdad de resultados, lo que alimenta la demanda de políticas redistributivas muy intervencionistas. Al mismo tiempo, apuntó al deterioro de las instituciones intermedias (partidos más débiles, menor estabilidad, incentivos cortoplacistas), que dificultan la aprobación de reformas complejas, incluso cuando existe apoyo social.

Socialdemocracia mediterránea y barreras a la reforma

Uno de los temas centrales fue la crisis del modelo socialdemócrata. Arruñada diferenció entre la socialdemocracia nórdica y una “socialdemocracia mediterránea”, que caracteriza por:

• Prometer niveles altos de protección social,

• Ocultando sistemáticamente los costes reales al ciudadano,

• Y descansando sobre bases fiscales y demográficas frágiles.

Recordó que países como Dinamarca financian su Estado de bienestar con tipos generales de IVA elevados y estructuras tributarias transparentes, mientras que España combina tipos reducidos, bases erosionadas y figuras como las cotizaciones sociales, cuyo coste real el trabajador rara vez percibe en su salario. El resultado es un modelo políticamente atractivo a corto plazo, pero difícil de sostener a medio y largo plazo.

En este contexto, se discutió sobre la capacidad real de las reformas “desde arriba”. Arruñada citó el caso de las reformas liberalizadoras de los años ochenta en España, muchas de las cuales —especialmente las exitosas— fueron parcialmente revertidas cuando chocaron con las preferencias culturales dominantes. Frente al mito del “déspota ilustrado”, defendió que, si las reformas no encajan con el humus cultural y las expectativas del votante medio, tienden a ser efímeras.

Instituciones, incentivos y mercado de ideas

El debate también giró hacia el diseño institucional. Miller defendió la necesidad de abordar reformas de arquitectura política: mejorar la formación de gobiernos, reforzar la estabilidad presupuestaria, reducir la fragmentación y repensar la representación. Sin cambios en estas reglas del juego, advirtió, España corre el riesgo de ser incapaz de aprobar siquiera reformas moderadas, aunque sean ampliamente compartidas.

Arruñada, en cambio, se mostró escéptico sobre la eficacia de ciertas “soluciones institucionales” cuando no existe una demanda social clara de cambio. Subrayó el papel crucial de la información económica y la transparencia: que el ciudadano vea lo que paga, lo que recibe y los rendimientos de sus decisiones (por ejemplo, en términos de empleo según estudios universitarios o calidad de centros educativos). La falta de datos públicos —o su ocultación deliberada— debilita el “mercado de ideas” y favorece la perpetuación de mitos económicos.

Finalmente, el papel de los medios de comunicación fue objeto de crítica. Miller destacó que la polarización se ha convertido en un modelo de negocio barato para aumentar audiencias, mientras que Arruñada recordó que, en una sociedad muy estatista, se acepta con naturalidad la existencia de una potente red de medios públicos y de publicidad institucional, con el consiguiente riesgo de captura del debate.

El diálogo dejó una conclusión tan incómoda como sugerente desde el punto de vista económico: las reformas no fracasan solo por falta de voluntad política o por bloqueo de grupos de interés; fracasan porque, en buena medida, son coherentes con lo que los ciudadanos prefieren —o creen preferir— dadas sus percepciones sobre justicia, esfuerzo y riesgo.

La gran cuestión que queda abierta es si España será capaz de revisar esas preferencias, hacer visibles los costes reales de sus decisiones colectivas y generar un nuevo consenso que permita, esta vez sí, convertir el diagnóstico en reformas sostenibles.