Fragilidad de la democracia en tiempos de populismo y polarización. ¿Está la libertad amenazada?

Resumen:

La Fundación Rafael del Pino organizó, el 2 de abril de 2024, el diálogo “Fragilidad de la democracia en tiempos de populismo y polarización. ¿Está la libertad amenazada?””, en el que participaron José Manuel García-Margallo, eurodiputado y ex ministro de Asuntos Exteriores, y Fernando Eguidazu, ex secretario de Estado para la Unión Europea, con motivo de la presentación de su libro “España, terra incógnita”, editado por Almuzara Libros.

José Manuel García-Margallo: Estamos en mitad de un proceso que necesariamente va a producir un cambio. Empezó con unos indultos indebidos, vino la derogación de la sedición, la dulcificación de la malversación y ahora llegamos a la amnistía. La amnistía es inconstitucional y provoca un cambio de régimen. Ha habido tres amnistías muy importantes en la historia de España: la del 23 de septiembre de 1939, la del 15 de septiembre de 1977 y la que se está discutiendo en las cortes actualmente. La primera es el ejemplo de una amnistía concedida por los vencedores a los vencidos y es un texto casi paralelo al del proyecto que se está discutiendo ahora en las Cortes. La ley del 39 declara no delictivos los delitos contra la constitución y el orden público ejecutados desde el 14 de abril del 31, fecha de la proclamación de la República, hasta el 18 de julio del 36, fecha del alzamiento, en personas que cumplieran dos condiciones: que su ideología coincidiera con la del Movimiento Nacional y siempre incluyendo los homicidios que pudieran estimarse como protesta contra el sentimiento antipatriótico de las organizaciones y gobiernos que, con su conducta, justificaron el alzamiento.

La segunda amnistía es la que hicimos en las Cortes en 1977. Fue una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, de Jaúregui, que la resuelve diciendo que la amnistía es un gran acto solemne que perdonará y olvidará todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la Guerra Civil antes de ella, en ella y después de ella hasta nuestros días.

La amnistía que estamos discutiendo ahora es mucho más parecida a la del 36. No la apoyan todos los partidos y está dirigida a un colectivo determinado significado por su ideología. La proposición de ley exonera toda la responsabilidad penal, contable y administrativa, siempre que hubiera sido cometida durante las dos consultas con la intención de provocar la independencia de Cataluña.

La amnistía es un paso más en este proceso que acabará con la balcanización de España como paso previo a la secesión de sus territorios. Bildu dice que sin vascos ni catalanes independentistas no hay gobierno de Estado y eso les ofrece la posibilidad de negociar cosas. ¿Negociar qué? En un texto que firmaron todos los partidos independentistas en el 40 aniversario del golpe de Estado de Tejero se dice que no había nada que celebrar ese día porque eso no fue un triunfo de la democracia. Lejos de ser un golpe de Estado fallido, dice literalmente, fue un golpe de Estado para reforzar el régimen de la Constitución de 1978. No existirá en España normalidad democrática mientras no se reconozca el derecho de autodeterminación, continua el texto.

La autodeterminación no cabe en la Constitución, los firmantes de ese texto son conscientes de que no tienen los votos. Por eso, lo que están haciendo es coger las instituciones, vaciarlas, llenarlas de un contenido diferente y coserlas. Es una carcoma del sistema que vacía de contenido a las instituciones hasta llegar a la disolución del Estado. Musolini llega al gobierno con 35 diputados fascistas, nada más. Durante tres años gobierna dentro de la constitución italiana, pero va erosionando las instituciones y cuando se encuentra con un problema insoluble establece por decreto el régimen totalitario de partido único del régimen fascista.

Fernando Eguidazu: Estamos viviendo tres desafíos a la vez. El primero es la demolición del espíritu de la Transición. El espíritu de la Transición era la concordia, la tolerancia, el respeto al contrario. Eso es lo que ha inspirado la Constitución del 78 y toda la época que hemos vivido hasta hace muy poco. Hoy estamos viviendo una situación contraria, de crispación, enfrentamiento, polarización, que no es espontánea, sino que forma parte de un proyecto político deliberado, que se ha plasmado de forma explícita en las elecciones de julio del año pasado, que es deslegitimizar al contrario. Se busca la legitimad no en la Constitución, sino en la Segunda República. La izquierda se considera la heredera de ella y los otros son los herederos del franquismo, con lo que no están legitimados moralmente para gobernar.

Eso conduce a un planteamiento perverso que es que no hay nada peor para el país que el que gobierne la oposición. Eso implica que cualquier cosa que haga quien dice eso está justificada, es aceptable, porque se está evitando el mal mayor que puede sufrir el país. Eso es negar la democracia porque la democracia, por definición, implica la alternancia. La democracia sacraliza la alternancia. Si no se acepta, no se es un demócrata. Ese es el gran desafío.

El segundo desafío es la aparición de un populismo de extrema izquierda, que, directamente, quiere acabar con el régimen de la Constitución del 78 y sustituirlo por una cosa muy confusa, básicamente no democrática, una especie de república plurinacional de corte chavista. El tercer desafío es el independentismo, que ha aprovechado la situación para forzar una secesión que ni siquiera cuenta con la mayoría del pueblo catalán.

Los nacionalistas han sido desleales desde el minuto uno, tanto los catalanes como los vascos. Los catalanes son los que nos preocupan ahora y detrás de uno siempre viene el otro. En el pasado, el nacionalismo catalán se iba haciendo poco a poco, limando competencias del Estado para aumentar las propias y crear instituciones propias. El objetivo era ahora paciencia y después independencia. Ahora han pasado dos cosas que han llevado al abandono de esa vía de vaciamiento progresivo del Estado. La primera es la crisis de 2008. Artur Mas y CiU se asustan ante la reacción ciudadana a los recortes y deciden buscar al culpable en otro sitio, en España, con el España nos roba. Por tanto, Cataluña no tiene los recursos, pero si somos independientes, los tenderemos. Eso es el paso fundamental. Luego han aprovechado el momento, cosa que han hecho siempre los catalanes, en el 31, en el 34 y en el 36. Aprovechan que España está inmersa en una crisis económica y que el gobierno está centrado en resolverla. Ahora aprovechan que se han encontrado con que tienen la llave del gobierno de España y un presidente dispuesto a ceder lo que haga falta para mantener el poder. Ahora nos queda la traca final, que es el referéndum, que lo va a haber. No un referéndum de autodeterminación, pero algún tipo de referéndum va a haber.

José Manuel García-Margallo: En contra de la opinión generalizada, la Segunda República fue una catástrofe. Empieza con una declaración de Azaña que dice que la República será de izquierdas o no será, con lo que deja fuera a la mitad de España. La derecha estaba deslegitimada, tan deslegitimada que cuando la CEDA gana las elecciones y mete a sus ministros en el gobierno se produce un golpe de Estado en Asturias, el País Vasco y Cataluña. Un régimen que en cinco años tuvo cinco golpes de Estado y termina en una guerra civil y una dictadura es un éxito parece una licencia literaria importante.

La Transición fue posible porque estuvo pilotada por dos partidos de centro, la UCD y Felipe González, que había renunciado al marxismo. Eso es la enmienda a la totalidad que ha hecho Sánchez en su partido.

Los nacionalistas fueron desleales, quebraron la confianza de quienes habíamos creído en ellos. Lo hicieron de forma clara, pero no son ellos los únicos responsables de lo que está pasado, sino que hay que incluir también al partido socialista, en concreto al Partido Socialista de Cataluña. Cuando viene Tarradellas, dice que los catalanes quieren ser la vanguardia de la prosperidad, la libertad y el bienestar de todos los pueblos de España. La aprobación de la Constitución y de los estatutos nos permitió creer que eso era así, pero no era verdad.

A partir de ahí, plantean al gobierno un pacto fiscal que sabían que no podía ser para tener una excusa para romper puentes. Eso viene precedido por una actuación del PSC que se convierte en el momento de ruptura, que es el Pacto del Tinell. Maragall tiene la sensación de que los socialistas habían sido superados por Pujol, y eso lo achaca a que no eran suficientemente nacionalistas. Plantean un estatuto que tiene muchas cosas que están en el llamado acuerdo de Bruselas: Cataluña pasa de nacionalidad a nación, el catalán es la lengua preferente, asume todas las competencias de la administración, las relaciones entre la administración catalana y la española son bilaterales, como si fuera entre estados, y finalmente reclama una agencia tributaria propia. Todo eso está en el acuerdo firmado en Bruselas entre el enviado de Sánchez y Puigdemón.

No va a haber un referéndum de autodeterminación. La fórmula va a ser un Maragall bis, una modificación del estatuto que recoja el reconocimiento de la nación catalana (seguirá el de la nación vasca), se establecerá el catalán como lengua única, se establecerá una bilateralidad entre administraciones además de asumir todas las competencias pendientes y establecerá una Hacienda propia. ¿Por qué? Porque no les interesa la independencia. La soberanía nominal de España les conviene para permanecer en la Unión Europea, pero de España no va a quedar más que Zara. Harán un consejo general del poder judicial y las leyes autonómicas no dejarán el menor margen para la intervención de la ley estatal.

El refinamiento golpista de Polonia y Hungría es el modelo seguido por el gobierno de Sánchez: apoderarse poco a poco de todos los poderes del Estado, retorciendo o violando de lleno la Constitución. El primer vaciamiento de la Constitución se produce por la invasión del poder ejecutivo en el legislativo, por el uso y abuso del decreto-ley que se ha constituido en el proceso normal de legislar. Entre 2016 y 2021 se aprobaron 126 decretos leyes y solo 69 leyes, la mayoría de las cuales no era más que la conversión en leyes de decretos convalidados. Choca que el decreto-ley sirve para amparar todo. El decreto de ahorro energético dedica cinco de las cincuenta páginas al ahorro energético y el resto son medidas que no tienen absolutamente nada que ver, como el abono transporte o las becas para estudiantes. El decreto-ley anti sequía, aprobado justo antes de las elecciones autonómicas que ganó al PP, incluye una rebaja en el abono interrail para los jóvenes. El colmo de la imaginación es el decreto del Covid, que se aprovecha para incluir a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, de la que depende el CNI.

La segunda de las grandes vías es que, cuando el decreto-ley no es satisfactorio, acuden a la proposición de ley para eludir los informes preceptivos, que no vinculantes, que la Constitución ha establecido para garantizar la separación de poderes y la seguridad jurídica. La ley del sí es sí es un ejemplo claro de esto y la ley de amnistía, que es lo mismo.

El segundo aspecto es la ocupación por militantes de carné, de obediencia debida. Sánchez nombra fiscal general del Estado a Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, que es militante de carnet, la cual inició su labor rechazando diecinueve querellas contra la gestión de la pandemia. Cuando ella dimite, nombra a su mano derecha, Germán Ortiz, que le corresponde nombrándole a ella fiscal de memoria democrática, en contra de un informe del Consejo de Fiscales que le acusa de desviación de poder. La actuación del fiscal hasta ahora, la aparición del caso Koldo después de unas elecciones no deja de ser llamativo.

Lo más grave es el Tribunal Constitucional porque la gran operación en ciernes es un estatuto de autonomía catalán, que será recurrido ante el Tribunal Constitucional y será avalado por dicha institución. Aquí Europa no tiene nada que decir. Lo tiene en la amnistía, en la malversación, en el tema de la alta traición por el tema de Rusia, pero un estatuto que sea declarado constitucional difícilmente va a poder tener acceso al Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea.

Aquí ha habido cosas muy notables. En julio de 2022, el Gobierno intenta aprovechar la reforma del código penal para introducir varias reformas en la ley orgánica del poder judicial y en la del Tribunal Constitucional. Y quiere hacer varias cosas: reducir la mayoría para favorecer que los que apoyan al gobierno no tuviesen contrapeso, acusar de prevaricación a los miembros del consejo que se opusieran a este nombramiento y eliminar el examen previo de idoneidad de los magistrados, con lo que tenemos los dirigentes que tenemos.

Cuando se le paran estas cosas, el presidente del Gobierno tiene una frase que es para esculpirla en mármol. Dice: “estamos ante un intento de atropellar la democracia, no solo de la derecha política, sino de la judicial, jaleada por la mediática, y eso no es aceptable.” El presidente de la Comisión de Justicia es más claro y contundente. No le gusta que se anule este intento de atropello de la legislación y dijo: “Hace 41 años la derecha quiso parar la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy ha querido hacerlo con togas.” Sánchez al final gana la partida, elige los magistrados, uno de ellos ex ministro, otra ex directora general del ministerio de la presidencia, y eligen presidente del Constitucional a Conde Pumpido.

La celeridad del Tribunal Constitucional en aprobar todo lo que era un obstáculo para el Gobierno es notable. En apenas semanas resuelve el recurso contra la ley del aborto, el recurso contra la ley de educación de Celá, el recurso contra la eutanasia, las fórmulas de juramento extravagante que la presidenta del Congreso había tolerado y la reforma del consejo del poder judicial. Con la amnistía da un paso más.

Fernando Eguidazu: La lista de colonización de las instituciones es tan larga que terminaríamos antes diciendo cuáles no lo están ya. Hay algunas cosas que son gravísimas. Una es el nivel de la gente que ocupa esos puestos y otra es la forma desvergonzada en que se nombran, sin siquiera cubrir las formas.

Esto tiene un efecto realmente muy dañino en la democracia porque transmite a los ciudadanos la imagen de que las instituciones son un botín del vencedor y de que esas instituciones están al servicio no del Estado sino del Gobierno. Luego hay una segunda consecuencia gravísima, y es que otorga al presidente del Gobierno un poder desproporcionado, que está muy alejado del espíritu de la Constitución. Pensemos en lo que significa, si esto llega hasta el final, que un Gobierno controle la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los tribunales. Es aterrador.

Esto no es solamente una cuestión de ventajismo político. Hay un fondo populista en esta historia, que es el concepto de que la democracia está por encima de la ley y que la democracia está en el Congreso. El Congreso es el pueblo español, luego el Congreso es soberano, luego con una mayoría absoluta puede hacer lo que quiera y las instituciones se tienen que someter porque eso es la voluntad nacional. Esto es radicalmente falso. El artículo primero de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Los poderes son tres: legislativo, judicial y ejecutivo. El poder legislativo es dos cámaras, no una, es el Congreso y el Senado. Eso significa que el Congreso está sometido a la ley. Todos los poderes están sometidos a la ley, el Congreso incluido. No puede hacer nada saltándose la ley. No es verdad que la democracia esté por encima de la ley.

También se ha repetido esto en instancias próximas al Gobierno, al decir que los jueces no se pueden oponer a la voluntad popular. No es así. No puede haber democracia sin ley. Puede haber democracia formal, porque hay elecciones. También las hay en Rusia y en Venezuela, pero no decimos que son democracia. La democracia y el Estado de Derecho, en una democracia constitucional liberal como la de los países europeos, son indisolubles. Sin Estado de Derecho no hay democracia.

Este es el código populista que late detrás de esa colonización de las instituciones.

José Manuel García-Margallo: Un carro necesita dos ruedas y ahora tenemos una averiada. Eso es lo que hay que arreglar. Pedro Sánchez se ha convertido en lo que era Isabel II, en el obstáculo tradicional. Solo cuando Sánchez desaparezca, el PSOE, que es absolutamente necesario para la gobernabilidad, podrá regenerarse, volver a lo que fue, un partido que cree en socialdemocracia, en los principios de igualdad y solidaridad, que son los contrarios a los que está aplicando, con privilegios y desigualdades. Pedro Sánchez es un presidente muy fuerte hacia adentro, tiene un control absoluto del aparato, pero es extraordinariamente débil fuera porque depende de los demás, de lo que le digan sus socios.

Fernando Eguidazu: No basta con decir váyase, señor Sánchez. El destrozo y el deterioro es tan grande y la convivencia se ha debilitado tanto que al país hay que ofrecerle algo más. Hay que ofrecerle un programa de gobierno, hay que ofrecerle un pacto de Estado, y eso debiera tener tres partes. Primero, tenemos que volver a recuperar el espíritu de la Transición, es decir, volver al sosiego, acabar con la polarización, con la crispación, con el enfrentamiento y buscar un acuerdo con el nuevo partido socialista. No se trata de renunciar a programas, pero hay unas verdades básicas, como la lealtad constitucional, la separación de poderes, la neutralidad de las instituciones, la unidad de España, el respeto de la ley, en lo cual tienen que ponerse de acuerdo las principales fuerzas políticas, porque todos los países que han seguido ese camino han tenido estabilidad. Inglaterra tiene estabilidad política desde 1660, Holanda desde la misma época, Estados Unidos desde 1865. No hay ninguna razón para que España no tenga esa estabilidad. La hemos tenido en dos periodos de la historia: la Restauración y la Transición. Esa es la primera base de cualquier programa futuro, recuperar la concordia y la relación civilizada entre el centro derecha y el centro izquierda.

La segunda son las instituciones. No basta con volver a la normalidad, porque lo que está pasando puede volver a suceder en el futuro. Hay que blindar las instituciones, pero no se blindan con leyes, porque las leyes las modifica otra ley. Habría que hacer una reforma constitucional. Esto son palabras mayores. Hace falta un consenso entre las principales fuerzas y un amplio respaldo ciudadano, pero eso es factible. En todo caso, si de verdad queremos proteger las instituciones, eso habrá que plantearlo en algún momento.

Luego, la tercera pata sería cerrar el modelo autonómico. Dejar claro cuáles son las competencias del Estado y cuáles las autonómicas, impedir el mercadeo. Eso no elimina el independentismo, pero reduce el margen de maniobra para el chantaje al Estado. Dentro de esa parte, lo más importante es el pacto en materia fiscal.

Estas tres cosas son la clave del futuro y es lo que debemos ofrecer a los españoles como alternativa, porque no basta con cambiar al gobierno, porque eso es la condición necesaria, pero no suficiente.

José Manuel García-Margallo: El centro derecha y el centro izquierda deben entenderse en lo fundamental. Segundo, las tres reglas que hicieron posible la Transición: el principio de legalidad, el consenso en las cuestiones fundamentales y la prudencia de no poner encima de la mesa cuestiones que no pueden ser aceptadas por el otro. Llegar en temas económicos a unos Pactos de la Moncloa que nos permitan salir de la situación en la que nos encontramos. Los países avanzan por la productividad. En los últimos años, la productividad en España ha aumentado un 0,3%; en la Unión Europea, un 0,9%. En renta per cápita hemos perdido casi dieciséis años. El índice de malestar de Okun, que es inflación más desempleo, en España es el más alto de la Unión Europea y ha aumentado un 50% desde que Sánchez está en la Moncloa. Al final tendríamos que volver a la constitución de Cádiz, al artículo seis, que dice que el amor a la patria es una de las principales obligaciones de los españoles que, además, deberán ser justos y benéficos.

La Fundación Rafael del Pino no se hace responsable de los comentarios, opiniones o manifestaciones realizados por las personas que participan en sus actividades y que son expresadas como resultado de su derecho inalienable a la libertad de expresión y bajo su entera responsabilidad. Los contenidos incluidos en el resumen de esta conferencia, realizado para la Fundación Rafael del Pino por el profesor Emilio González, son resultado de los debates mantenidos en el encuentro realizado al efecto en la Fundación y son responsabilidad de sus autores.

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