Free Market Road Show Madrid 2019

Europa en la encrucijada: recetas liberales para el mundo moderno

La Fundación Rafael del Pino, Free Market Road Show y el Instituto Juan de Mariana organizó, el 7 de mayo de 2019 a las 16.30, el evento “Free Market Road Show Madrid 2019: Europa en la encrucijada: recetas liberales para el mundo moderno”

El acto se estructuraró de acuerdo con el siguiente programa:

17.00 Bienvenida

17.05 (Des)Regulación en la Europa del Futuro
Cyntia Ortiz Toledo, gerente de asuntos públicos de Japanese Tobacco International

17.20 (Des)Regulación en la España del futuro
Rosa Guirado, abogada, economista y fundadora de Legal Sharing
Manuel Llamas, redactor jefe de conomía en Libertad Digital
Diego Sánchez de la Cruz, periodista económico y CEO de Foro Regulación Inteligente
Eduardo Fernández Luiña, director del Instituto Juan de Mariana (moderador)

18.45 El auge del autoritarismo en Europa
Juan Pina, presidente de Fundalib
Ángel Rivero, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid
Ignacio Sánchez-Cuenca, director del Instituto Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid
Irune Ariño, subdirectora del Instituto Juan de Mariana (moderadora)

20.15 Retos futuros de la economía española
Juan Ramón Rallo, economista y socio fundador del Instituto Juan de Mariana
Rubén Manso, economista, fundador del despacho Mansolivar y coordinador del programa económico de Vox
Carlos Cuesta, periodista (moderador)

Resumen:

El 7 de mayo de 2018 tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino el Free Market Road Show 2019, cuyo tema central fue “Europa en la encrucijada”. La primera parte del acto se tituló “(Des)Regulación en la Europa del futuro” y se inició con la intervención de Cyntia Ortiz Toledo, gerente de asuntos públicos de Japanese Tobacco International, quien indicó que la cuestión no es más o menos regulación; la cuestión es que ésta sea necesaria y adecuada. ¿Por qué regulan los estados? La teoría económica dice que el estado interviene con la regulación para corregir fallos de mercado y hacer una distribución efectiva de los recursos escasos. Pero ¿qué pasa cuando no existe un fallo de mercado, cuando los objetivos no están claros ni el instrumento es adecuado? Pues que se genera un fallo del gobierno. Es lo que sucede cuando se genera una regulación excesiva. Además, tenemos las capas regulatorias. El regulador persigue un objetivo con la regulación, pero cuando no lo logra, añade otra capa regulatoria, y otra más, etc. El estado también interviene en situaciones en las que no tiene que intervenir, o regula esferas que normalmente tienen que ser decisiones personales. Según el índice “Estado niñera”, que incluye tres criterios -nicotina, dieta y alcohol-, el peor Estado es Finlandia y el mejor es Alemania. ¿Dónde está España? En el puesto 23 de 28. No es un estado tan paternalista. Por lo que se refiere al índice de libertad económica, España es el país número 57 de 180 países medidos. Y según el Doing Business del Banco Mundial, España está en el número 30 de 190 países. Realmente es un país que tiene libertad y que promueve la libertad de empresa. Estos son índices alentadores. Un ejemplo de cuando la regulación se vuelve excesiva, innecesaria y mal regulada es la industria del tabaco. Una de las industrias más reguladas para proteger la salud pública. Una de las políticas que se han llevado a cabo es el empaquetado genérico -un paquete estándar para todas las marcas-, que es privar de los derechos de marca a una industria. Pero la marca es lo más valioso que tiene una empresa. Privar de ese derecho a una empresa es un asunto muy serio porque abre la puerta a que este mismo tipo de violaciones se extiendan a otros sectores. En Europa, el paquete genérico ya ha sido adoptado por varios países y en el mundo ya son diecisiete. El primero de ellos fue Australia, en 2012. En Europa tenemos a Reino Unido, Francia, Irlanda, Hungría y Eslovenia. Estos dos últimos tienen una implementación postergada. En Australia, el regulador buscaba era reducir el consumo de tabaco, desincentivar a los menores de consumirlo, pero buscaban hacerlo mediante la caracterización del paquete como una publicidad y, por tanto, prohibirla. Esto hace que se puedan hacer más transgresiones a la propiedad intelectual. Pero los resultados no fueron los que se esperaban. Australia tiene una tendencia decreciente desde hace más de veinte años de consumo de tabaco. Lo que se esperaba es que esta tendencia se acelerase con la introducción del empaquetado genérico. Lo que sucedió es que la tendencia se estancó. Además, cuando se pierde la marca, el factor definitivo es el precio, lo que hace es que se vendan productos cada vez más baratos. Pero el producto más barato es ilegal, el que no paga impuestos, el que no cuida la calidad sanitaria, el que les vende el tabaco a menores. Y quienes están detrás de estas marcas normalmente son grupos criminales que se benefician de estas situaciones. Esto es lo que se da en Australia, hasta el punto de que el 15% del consumo total en Australia es ilegal. Esto representa una cantidad de 1,46 miles de millones de dólares. En España, la recaudación fiscal que implica el tabaco es de diez mil millones de euros. Es el coste de las obras del AVE Madrid-Barcelona. En Francia, el comercio ilegal se ha triplicado. Los datos del Reino Unido son muy similares. Esta política, por tanto, no ha logrado sus objetivos, pero tiene un coste muy alto para el estado y para la sociedad. ¿Cómo se puede prevenir todo esto? El regulador tiene que justificar claramente por qué va a regular, analizar opciones no regulatorias y, para llevar a cabo esto, el regulador debe tener en mente las tres disciplinas de buena regulación de la OCDE: consultas públicas, porque los reguladores no saben todo; análisis del impacto regulatorio, o coste beneficio, y el análisis ex post, o si la regulación ha logrado sus objetivos o no. <strong>Mesa redonda</strong> A continuación, tuvo lugar una mesa redonda sobre ese mismo tema en la que participaron Rosa Guirado, abogada, economista y fundadora de Legal Sharing, y Manuel Llamas, redactor jefe de economía en Libertad Digital. Para Rosa Guirado, regulación es el conjunto de reglas de que se dota un estado y encauza las acciones que puede llevar a cabo el mercado en sí mismo, que se rige por una serie de principios, empezando por la libertad de mercado. Esos principios deberían establecer una serie de libertades fundamentales que se garantizaran con la regulación, como la libertad de entrada y salida de mercado, libertad de acceso sin barreras, libertad de contratación y fijación de precios. Es decir, una serie de libertades que permitan a los externos invertir en el mercado, todo ello con el marco de la Directiva de Servicios, es decir, que no se puedan poner límites de acceso que no sean necesarios ni proporcionales al interés general que justifique la necesidad de regulación. Manuel Llamas, por su parte, indicó que la realidad es muy distinta a la teoría. En España, la regulación son normas que se inventan los políticos siempre en su beneficio, con el único límite del marco constitucional. Si las bases de la libertad de una economía son el cumplimiento de los contratos, propiedad privada y libertad económica, la buena regulación es la que se deriva del cumplimiento de los contratos. Cuando surgen conflictos entre individuos que han suscrito contratos libremente, aparecen las normas, el derecho natural. Esto no tiene nada que ver con lo que hacen los políticos, cuyo incentivo es mantenerse en el poder contentando a la opinión pública o a sus electores. Respecto al papel de los lobbies en la regulación, Rosa Guirado comentó que hoy no hay políticos con visión de Estado, dispuestos a sacrificar su corto plazo. Los lobbies de presión hacen lo mismo: no buscan el interés general, sino el propio. Lo malo es que el regulador ha sido capturado por esa falta de visión a largo plazo, con lo que los lobbies los convencen con facilidad, en contra de la libre competencia y la libertad de mercado. Para Manuel Llamas, el papel de los lobbies depende en gran medida de las convicciones del gobernante de turno. Si un gobernante tiene firmes principios liberales, la presión que pueden ejercer los lobbies es marginal. Si el político quiere liberalizar un sector, lo liberaliza y punto. En el caso concreto de España y de las nuevas tecnologías, el papel de los lobbies es absolutamente restrictivo. Con la economía colaborativa ha surgido nueva competencia y los sectores anquilosados, que operan bajo regímenes de cuasi monopolio, son muy propensos a exigir restricciones y los políticos, con los que han mantenido buenas relaciones durante años, son propensos a concedérselas. ¿Cómo se puede contrarrestar la presión de los lobbies para blindarse de la competencia? Si el único interés del político radica en mantenerse en el poder, la forma más eficaz es que no ganen la batalla de las ideas, enseñar a la gente lo que puede favorecerle y lo que no. Para Manuel Llamas, una regulación escandalosa es la de los pisos turísticos. Los pisos turísticos han existido siempre. Madrid acaba de aprobar una regulación que prohíbe, de facto, el 95% de los pisos turísticos en Madrid porque exige que tengan una puerta independiente del portal que dé directamente a la calle. El lobby hotelero es quien propone que la regulación pase a las comunidades autónomas y luego empezaron a quejarse de que los apartamentos turísticos les hacían la competencia desleal. Es el mismo debate que había hace años entre grandes aerolíneas y aerolíneas low-cost. Según Rosa Guirado, aquí parece que no eres nadie si no hablas de competencia desleal. Pero hay una diferencia esencial entre competencia y competencia desleal. La existencia de competencia implica un interés general y, por eso, es de interés pública y se otorga poder al estado para que la defienda. Competencia desleal es que, cuando ya existe competencia, se compita a codazos. El Tribunal Supremo dice que la competencia siempre molesta, pero no por eso es desleal. Partiendo de esta distinción, a lo que ha llevado la marabunta de regulaciones autonómicas es que se aprueban regulaciones sin sentido que dicen hasta qué número de perchas que debe tener un piso turístico para ser legal, cómo tiene que ser el portarrollos del papel higiénico, etc. Esas barreras de entrada no están solo vía regulación, sino también vía sanciones. Lo que disrumpe no son los nuevos modelos tecnológicos, sino cuan poco centrados en el cliente estaban los modelos tradicionales. No es que Cabify o Uber sean la bomba, sino qué mal lo estaban haciendo los taxistas. No es que Airbnb sea una maravilla, sino qué hueco estaban dejando los hoteles para que Airbnb tenga cabida. Rosa Guirado indicó que la regulación que causa más daño es la que confunde. Los lobbies confunden porque quieren confundir. Las leyes que confunden son las que sobran. La reforma sería ser muy positivos, para entender que hay una visión de futuro por parte de los partidos. Tienen que tener esa fe en la libre competencia, tienen que dejar de estar secuestrados por los lobbies. Pero, a día de hoy, no veo a nadie en España que esté retomando este asunto. Manuel Llamas, es pesimista a corto plazo porque los lobbies ejercen una presión brutal y hay políticos que están dispuestos a comprarles su material. Pero es optimista a largo plazo, porque la revolución tecnológica es imparable y se acabará imponiendo el sentido común. <strong>Mesa redonda “El auge del autoritarismo en Europa”</strong> A continuación, tuvo lugar una mesa redonda sobre “El auge del autoritarismo en Europa”, en la que participaron Juan Pina, presidente de Fundalib; Ángel Rivero, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, e Ignacio Sánchez-Cuenca, director del Instituto Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Para Juan Pina, el autoritarismo es una enmienda a la totalidad de los valores europeos en que nos hemos basado en los últimos trescientos años. Son una serie de cambios que se produjeron cuando fuimos capaces de racionalizar la autoridad. El autoritarismo representa una vuelta a los tiempos en los que la autoridad no tenía unos contrapesos, algo sometido al juicio de la sociedad. Europa vuelve al autoritarismo porque hay un desgaste de la socialdemocracia generalizada y transpartita. Implica volver a los tiempos anteriores al capitalismo, a la separación de poderes, a la separación iglesia estado, a la falta de libertad científica y cultural. Si Occidente se caracteriza por algo es por haber sido capaz de abandonar apriorismos oscurantistas para abrazar la libertad. Ángel Rivero, por su parte, comentó que autoritarismo se contrapone a democracia. Es un tipo de gobierno coactivo, que no toma en consideración las opiniones e intereses de los gobernados, ni goza de su autorización. El auge del autoritarismo en Europa es un poco truculento, porque no hay ningún estado totalitario. Prefiere hablar de populismo, porque tienen una conexión con el autoritarismo, pero también se distingue de él. Sí que hay una pregunta sobre la democracia en Europa, que se ve, por ejemplo, en líderes políticos como Orban que piensan que más democracia significa menos liberalismo y más plebiscitos, referéndums. Hay muchos movimientos europeos que participan de esta idea y quieren acabar con el liberalismo en nombre de la democracia. Esa deriva autoritaria, sin embargo, debe matizarse porque hay países con importantes movimientos populistas que siguen siendo los países más democráticos del mundo. Por su parte, Ignacio Sánchez-Cuenca añadió algunos matices adicionales. Con el paso del tiempo, las fronteras entre autoritarismo y populismo se han ido difuminando. Antes de la Segunda Guerra Mundial eran regímenes tiránicos, despóticos. Pero el empuje de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial es tan fuerte que la mayor parte de los regímenes autoritarios después de 1945 son regímenes en los que se celebran elecciones y hay cierto multipartidismo. Por supuesto, los partidos no compiten en condiciones de igualdad, sino que el terreno de juego está inclinado a favor del dictador. Eso crea una confusión porque hoy no se sabe dónde acaban esos autoritarismos y dónde empiezan las democracias iliberales. Por eso, ya no se pueden hacer distinciones tan claras y tajantes como antes. El autoritarismo no ha llegado a Europa occidental porque no hay ninguna democracia que haya caído. De hecho, la democracia más rica que ha degenerado en un régimen autoritario es Argentina en 1976. Todos los demás casos de retroceso democrático se han producido en países con una renta per cápita menor que la de Argentina en 1976. Si nos situamos en el plano de las democracias desarrolladas, no hay casos de regresión al autoritarismo. El problema en Occidente no es tanto el peligro autoritario, como la erosión paulatina de los mecanismos que permiten que los sistemas democráticos continúen vivos y vigorosos. Están en peligro, pero no acaban de morir debido a los costes y la incertidumbre que entrañaría la destrucción completa de los pilares de la democracia. Lo evitan las clases medias propietarias, pero no tienen la potencia suficiente para evitar que la democracia se erosione. Lo que hay que analizar es por qué está pasando esto, si tiene que ver con la crisis económica, con la crisis de los partidos socialdemócratas, con los mecanismos de globalización económica. Juan Pina sí ve peligro porque, si se toma el espectro político de Europa Occidental, en los extremos hay nuevos agentes que tienen mucho más peso electoral y en escaños que el que venía teniendo en las últimas décadas. Y sí hay un culpable, la socialdemocracia, que, después de siete décadas, se desgasta y genera sus propios antisistema. Para Ángel Rivero, el desgaste de la democracia en Europa tiene que tomarse con matices. Europa sigue siendo una isla de democracia. Ha habido un cierto descenso de la democracia en el mundo, pero no en Europa. Donde hay una merma es en aquellos países que carecen de tradición democrática, o que han sido escasamente independientes. Es el caso de Polonia, en particular, o el de Hungría, que no tenía ninguna tradición democrática. En ellos sí se puede constatar una degradación democrática, pero siguen siendo países democráticos. Respecto al auge de los movimientos populistas, Ángel Rivero comentó que estos movimientos son muy notables en Europa. Estamos asistiendo a un discurso político completamente nuevo. El discurso político de la postguerra era el consenso y se caracterizaba por una estabilidad y un acuerdo muy grande entre los partidos gobernantes sobre lo que eran la democracia liberal y la economía social de mercado. Ahora nos encontramos con nuevos agentes, que vienen de los años setenta, que impugnan el valor político de las grandes formaciones políticas de postguerra. Distintos tipos de crisis explican su surgimiento. En algunos sitios es una crisis económica, en el sur de Europa es una crisis social en forma de aumento de las desigualdades, en otros una crisis política y de representación, en otros más es una crisis cultural y de emigración. En algunos, incluso, las causas son inexistentes, como en Hungría. Y, en ausencia de ese problema, la población también puede ser movilizada, creando una sensación de amenaza y degradando la democracia. Ignacio Sánchez-Cuenca considera que estas formas de populismo son muy diferentes a las del pasado, en el sentido de que en esta época no se conoce alternativa al orden existente. Lo tenemos son movimientos reactivos de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, que no impugnan sus valores esenciales, pero los pervierten y degeneran a través de una práctica que no coincide con los ideales del sistema. La pregunta es porqué estos movimientos aparecen con tanta pujanza ahora y no hace cuarenta años. Lo que tienen en común es que se rompe la confianza en la representación política. En el caso de Italia fue por la corrupción. Luego vienen otros casos como consecuencia de la crisis económica. Entonces, los ciudadanos empiezan a pensar que sus hijos van a vivir peor que ellos y se quiebra el vínculo representativo. En ese escenario surgen líderes populistas que tratan de capitalizar ese descontento. A su vez, Juan Pina, insistió en que el consenso socialdemócrata de postguerra hiciera que los socialdemócratas fueran indistinguibles de los cristianodemócratas y del resto de los partidos porque todos ellos compran un conjunto institucional que se caracteriza por el aumento de la regulación y el intervencionismo. Ese sistema no hace más que prometer, prometer y prometer unos niveles de bienestar que, cuando vienen épocas de crisis, no se pueden alcanzar. De ahí la aparición de esa sociedad insatisfecha que da lugar al auge de los autoritarismos, que es muy preocupante. Es muy preocupante porque detrás está Rusia. También porque los extremos han ido ganando terreno en toda Europa. Ángel Rivero señaló, al respecto, que se puede correlacionar el auge de los populismos con la crisis de la socialdemocracia, pero no hay causalidad. Los partidos populistas más antiguos eran partidos libertarios en origen, partidos anti impuestos, incluso el Frente Nacional en su fundación. Todos estos partidos, hoy en día, son defensores del estado del bienestar, frente a los partidos capitalistas que son los partidos tradicionales. En este malestar, por tanto, hay un carácter camaleónico; siempre van buscando la protesta. Ignacio Sánchez-Cuenca comentó, al respecto, que lo que unifica a todos los populismos europeos es que todos ellos hacen el diagnóstico de que la causa de los males está en la pérdida de la soberanía nacional. Por eso, todos ellos están contra Europa porque las élites tecnocráticas de Europa se desentienden de estos problemas. Los populistas dicen que, si les dan de nuevo soberanía nacional, van a hacer las políticas que la gente les pide. El problema es que se lo impiden tanto la globalización como la Unión Europea. Las élites políticas, en cambio, dicen que la soberanía nacional es un atavismo. Pero la sociedad reclama soberanía, lo que produce una desconexión entre las élites y la sociedad civil que no se ha acabado de entender ni de manejar. Los movimientos populistas que se sitúan más a la derecha son, sobre todo, trabajadores manuales, gente de cierta edad y con niveles educativos bajos, y muchos de ellos viviendo en localidades de tamaño medio o fuera de las grandes capitales. En los países del sur de Europa, en los que tienen más impulso los partidos populistas de izquierda, lo que se ve es que los que votan a los partidos populistas son gente más joven, urbanita, ampliamente formada, con niveles de educación muy por encima de la media, que ven que sus posibilidades de desarrollo laboral están cerradas. Son grupos sociales distintos pero que tienen una reacción similar, que es reclamar soberanía, en la medida en que han sido golpeados en los últimos años. En la medida en que se oponen al consenso básico de postguerra, no se puede decir que sea el anticuerpo de la socialdemocracia. Esto es que las bases del consenso de postguerra han dejado de funcionar por la transformación económica, la tecnología y la globalización, lo que ha generado unas distorsiones que los sistemas políticos no han sido capaces de manejar. Para Juan Pina, la pérdida del vínculo de representación deriva de la transformación de la red social profunda, que ahora ya no es descentralizada, sino distribuida. Esto está afectando a la cultura, a la empresa. La sociedad se está desintermediando en muchos aspectos. Esa desintermediación también está llegando al mundo de la política, por lo que el sistema de gobernanza va a tener que cambiar, ser menos intervencionista, y más directo para todo lo que se mantenga dentro de lo público. Las reclamaciones de soberanía son uno de los coletazos del estatismo, que ya no sirve. En cambio, para Ángel Rivero, la lección importante del liberalismo es la lección política, que la democracia representativa es el instrumento de protección de la libertad individual. Esa idea de la democracia directa como ganancia de libertad es la falsa idea que alimentan estos movimientos. En la misma línea, Ignacio Sánchez-Cuenca indicó que resulta abusivo identificar mediación de los particos políticos con intervencionismo estatal. La tarea del político es, en un mundo complejísimo donde hay miles de decisiones que tomar y múltiples dimensiones para juzgar, ofrecer paquetes coherentes a la ciudadanía. Lo que hace es dar sentido a un conjunto de medidas y presentárselas a la ciudadanía. Si se rompe ese papel de agregación de decisiones, la política se vuelve caótica, y lo que se presenta ante la ciudadanía son mensajes emocionales que transmiten una esperanza falsa. Respecto a la Unión Europea, Juan Pina denunció que la integración europea había ido mucho más lejos de donde tenía que ir. La integración europea debía haberse detenido en dos cosas. En primer lugar, en una carta de derechos y libertades básica, con una serie de instituciones que la protegieran. En segundo término, un marco de libre comercio. Se ha ido mucho más allá y como resultado tenemos una UE alejada de los ciudadanos, una burocracia que la población no entiende. Eso está alimentado que la sociedad pida soberanía. Por eso, había que recuperar la idea del mercado común como alternativa a esta Europa. Ángel Rivero señaló que la cuestión de la soberanía nacional es preocupante desde el punto de vista liberal. Hemos vuelto a los sujetos colectivos como actores políticos, lo que tendría que ser criticado. El soberanismo tendría que ser denunciado. También hay que ser más beligerante con los movimientos populistas, que pueden ser gigantes con los pies de barro. Para concluir, Ignacio Sánchez-Cuenca apuntó que una manera de entender lo que está sucediendo en Europa es que la integración ha ido muy lejos y ha construido una superestructura tecnocrática de toma de decisiones, muy alejada de la ciudadanía. Esa tecnocracia a veces se ha impuesto de manera brutal, como en la crisis económica, lo que provoca reacciones pendulares como el populismo. La democracia representativa está amenazada por la superestructura tecnocrática europea y, en el extremo opuesto, por grupos que reclaman una idea de soberanía que es imposible en estos tiempos. Lo que se está perdiendo entre medias es una idea que ha funcionado durante dos siglos, que es una democracia representativa en la que había unas estructuras políticas horizontales que permitían el funcionamiento del vínculo representativo. El desafío es cómo reforzar la democracia representativa para evitar estos dos peligros opuestos. <strong>Mesa redonda: Retos futuros de la economía española</strong> A continuación, tuvo lugar la mesa redonda sobre el tema “Retos futuros de la economía española”, en la que intervinieron Juan Ramón Rallo, economista y socio fundador del Instituto Juan de Mariana, y Rubén Manso, fundador de Mansolivar y responsable del programa económico de Vox. Rallo explicó que el Partido Socialista tiene un modelo muy claro de hacia dónde quiere llevar a España, que es acercarla fiscalmente a Europa mediante la equiparación de los ingresos fiscales sobre PIB a la media europea. En estos momentos, la brecha recaudatoria es de siete puntos porcentuales de PIB, lo que equivale a 80.000 millones de euros. Esta cifra se repite mucho desde el PSOE y desde Podemos porque defienden un estado mucho más grande y redistributivo en el peor sentido de la palabra, esto es, de quitar a unos para dar a otros y, entre medias, crear redes clientelares y de dependencia hacia el poder estatal. La idea de fondo es que ese dinero salga de los ricos. Pero significa también que las clases medias tendría que pagar muchísimos más impuestos, entre 4.000 y 8.000 euros anuales adicionales por familia. No hay forma de recaudar lo que pretende el PSOE si no es mediante el saqueo a las clases medias. De hecho, la clase media española tributa menos que las europeas. Frente a ese modelo, hay que ir a otro diametralmente opuesto, en el que hay que bajar impuestos y desmantelar el estado. Se trata de devolver ámbitos de responsabilidad sobre sus vidas a los ciudadanos para que puedan gestionar su propio dinero, escoger que hacer con él en servicios que hoy monopoliza el estado. Además, cuando se piensa en equipararse a Europa, se piensa en países como Dinamarca, Suecia o Finlandia, que son países con renta per cápita más alta y sistemas de bienestar que, en muchos ámbitos, funcionan mejor que el nuestro, lo que puede resultar atractivo. Si en España aumentáramos la presión fiscal de manera sustancial, nuestro espejo no serían esos países, sino Italia, Grecia o Francia. Manso, por su parte, indicó que las ideas de los socialistas son la antítesis de lo que necesita España. En lo que estamos es en un juego en el que las clases medias deben creer que reciben más de lo que pagan. Un estado del bienestar del tamaño del que hemos alcanzado no se puede sostener sobre los ricos porque los ricos tienen una capacidad de movilidad tremenda. Por eso, los países socialdemócratas se han caracterizado por unos impuestos sobre el capital muy bajos y unos impuestos sobre el trabajo muy altos. Nuestro modelo fiscal es así. No hay socialdemócrata que no sepa que si hace tributar al capital se le irá, por lo que carga la tributación sobre el trabajo. Necesitamos reducir gastos e impuestos, necesitamos reducir el estado y traspasar esas responsabilidades a los individuos. No podemos creer que para dar a casi todo el mundo servicios sociales solo van a pagar unos pocos. ¿Qué mayor control hay que que no me cobren impuestos para un montón de servicios, incluyendo la educación y la sanidad, que podría sufragar yo y que como consumidor podría ejercer el control? La Constitución no dice que el estado deba ser el provisor de la educación y la sanidad, solo de asegurar que se provea. Educación y sanidad puede ser provista por empresas privadas. Los colegios privados son más baratos que los públicos. Y los sistemas de consorcio, como el seguro agrario, pueden servir de modelo para la sanidad. Rallo añadió que la pérdida de dinamismo de esos sectores deriva de que se priva de libertad de elección al usuario. Por tanto, los proveedores privados que deberían estar compitiendo y economizando sus recursos para ofrecer su servicio al menor coste posible, no lo hacen. No lo hacen ni siquiera los centros concertados porque no tienen margen, debido a la regulación existente, y porque como no es el consumidor el que tiene el cheque que lo da o lo retira, esa competencia, que reduciría costes y mejora calidades, no se da. Además, el hecho de que sea el estado el que provea esos servicios nos vuelve tremendamente dependientes del poder político. El estado le puede arruinar a uno la sanidad, la educación y la pensión y el individuo no puede hacer nada ante ello. Asimismo, el aseguramiento del estado debería ser subsidiario al que consiga el sector privado. La principal responsabilidad social que deberíamos tener todos es evitar que los demás se tengan que hacer cargo de uno mismo. Manso advirtió, en ese sentido, que ese principio de subsidiariedad se está aplicando a la inversa. El principio es que donde no llega la iniciativa privada, que entre la pública, pero se ha convertido en la inversa, esto es, en que la iniciativa privada haga lo que no cubre el estado. Es fundamental crear patrimonio, hay que poner en marcha reformas que permitan a las familias crear patrimonio y riqueza porque eso es lo que da independencia frente al poder político. Sin embargo, vemos que las tasas de ahorro son muy bajas, con lo que estamos despatrimonializando a las familias. Rallo añadió que a la pérdida de bienestar que generan los impuestos se añade una pérdida de eficiencia irrecuperable, que consiste en que, si a uno le quitan parte de lo que gana, esa persona va a esforzarse menos, va a trabajar menos. Entonces, se deja de generar valor, y eso se da en rentas del trabajo y en rentas empresariales. Uno podría tener impuestos altos si el resto del entorno regulatorio fuera favorable, pero España no se caracteriza por un entorno regulatorio favorable en nada y tiene uno de los Impuestos de Sociedades más altos de Europa. Si no corregimos eso, no atraeremos ni retendremos inversión y talento profesional. Manso agregó que una cosa contra la que más se ha luchado en España es contra la discriminación salarial, cuando es lo que más beneficia a los pobres. Cuando se critica que alguien gane tres o cuatro mil euros, no se pregunta cuánto ha costado llegar a esa posición, de tal manera que en España estamos en unas diferencias salariales tan pequeñas que eso ha generado el movimiento hacia el autónomo. Mucha gente se hace autónoma porque se ha creado una cultura en la que está mal visto que haya gente que gane 70.000 euros, en la que Hacienda lo castiga. Con las comunicaciones que tenemos, vamos a terminar echando a esa gente de España. Lo que estamos creando es mucho trabajo de escasa productividad. Por tanto, las medidas fiscales que está preparando el gobierno nos harán perder capital humano. Los flujos migratorios que se dan en España lo demuestran. En España entra muchísima población de muy escasa cualificación porque no hay incentivos para los que tienen alta cualificación. En vez de impuestos bajos, preferimos echar a esa gente cualificada. Rallo siguió por esa línea diciendo que el que deja de generar valor internamente, no solo lo deja de generar para sí o para el consumidor. Para montar muchas industrias necesitamos de complementariedades, así es que, si no viene talento, no se podrá complementar con otro talento interno, que también se tendrá que ir fuera. No se generarán esos hubs interconectados con gente interna. También se necesita personal no cualificado, que permite que el cualificado pueda rendir todos sus frutos. El problema es que estamos eximiendo de pagar impuestos a las rentas muy bajas, mientras cargamos cada vez más los impuestos en las rentas altas. Eso genera un conjunto de incentivos muy perversos de cara a las elecciones, lo que va a descapitalizar económicamente el país. Pero hay que olvidar que hay una parte de esos perceptores de grandes rentas que esas rentas son fruto del expolio y del parasitismo a los demás. Ese expolio y ese parasitismo no hay que combatirlo con impuestos altos, sino quitando privilegios que permiten ese parasitismo. En el tema de la Seguridad Social, siguió Rallo, estamos yendo cada vez más a un modelo asistencialista. El modelo que tenemos hoy es de tipo contributivo, esto es, tanto se cotiza, tanto se cobra como pensión para que haya una correspondencia entre lo que se cotiza y lo que se cobra. ¿Qué han hecho los gobiernos de la democracia, y qué van a seguir haciendo? Estrechar la diferencia entre la pensión mínima y la máxima y, por otro lado, avanzar en el destope de las cotizaciones sociales sin cargarse el tope de la pensión máxima. De esta forma, las cotizaciones sociales se convierten en un impuesto general más: se paga en función de la renta y se recibe lo que el estado quiera dar. Lo cual, en el caso de la Seguridad Social es trágico porque es un mecanismo previsional. Vamos a ese modelo asistencial. Lo hay en otros países europeos, pero no es negativo porque las pensiones mínimas son bajas y las cotizaciones sociales también. La diferencia va al ahorro personal como complemento de la pensión mínima. En España no se tienen esa parte del sistema y lo que se va a hacer es extender el sistema asistencialista a todo el mundo de manera indiscriminada. Según Manso, vamos a un sistema asistencialista, pero caro. Nos tratan como a niños, como adolescentes, asegurando la pensión, la educación, etc. mientras te quitan a través de impuestos. Lo que hay que cambiar es la pasión por la igualdad, que es muy equivocada. La desigualdad viene creciendo desde que el ser humano abandonó África, pero la desigualdad crea riqueza y la igualdad crea pobreza. Lo que nos tiene que empezar a preocupar no son los índices de desigualdad, sino cómo vive el que vive peor. Una desigualdad excesiva puede provocar algunos problemas de cohesión social, pero eso depende de cómo se eduque. Para Rallo, la desigualdad puede tener efectos positivos y negativos. Puede canalizar el talento hacia aquellas actividades que generan más valor. Pero también puede ser un síntoma de ciertas oligarquías establecidas y extractivas porque generan mucho resentimiento social justificado. Más importante incluso que la desigualdad es la movilidad social. Francia es más igualitario que España, pero también es más conflictivo porque la movilidad social ha caído mucho. En nuestra sociedad, por desgracia, hay muchas barreras gremialistas que privilegian a oligopolios, cárteles, profesionales protegidos frente a la competencia, etc., que lo que generan es falta de movilidad social y un resentimiento lógico. Manso explicó que ese tipo de élites extractivas lo genera la intervención pública y la regulación porque crea un tipo de capitalista o de empresario, cuyo negocio no depende de satisfacer al consumidor sino de satisfacer al estado. También es por una reserva del poder político en favor de una casta. Eso es con lo que hay que acabar.

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