Vicente Guilarte, Consuelo Madrigal, Manuel Aragón y Andrés Betancor
La Fundación Rafael del Pino, organizó el 20 de junio a las 19 horas, el diálogo titulado «Instituciones del Estado Democrático de Derecho» en el que participaron Vicente Guilarte, Consuelo Madrigal, Manuel Aragón y Andrés Betancor. Con motivo de la publicación de la obra titulada «Instituciones del Estado Democrático de Derecho, Conversaciones. Contribución a la cultura cívica de la institucionalidad democrática», coordinada por Andrés Betancor
Vicente GuilarteGutiérrez. Presidente del CGPJ, por suplencia, desde el 20 de julio de 2023. Doctor en Derecho. Abogado en ejercicio desde 1979. Catedrático de Derecho Civil. Ha sido letrado del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y asesor jurídico de la Universidad de Valladolid y es miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid.
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, jurista española. Desde enero de 2015 hasta noviembre de 2016 ejerció el cargo de fiscal general del Estado de España, siendo la primera mujer en ocupar el cargo en la institución. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense en 1978, Madrigal ingresó en la carrera fiscal en 1980.Ha estado destinada en las Fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid, así como en la del Tribunal de Cuentas. En la Fiscalía General del Estado fue fiscal de la Secretaría General Técnica durante el mandato de Carlos Granados. Hasta 2008 fue Fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y en febrero de 2008 nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores por el Fiscal General Cándido Conde-Pumpido y renovada en su cargo en 2013 por Eduardo Torres-Dulce. Tras la dimisión de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado en diciembre de 2014, el Gobierno propuso a Madrigal para ocupar su puesto. Desde abril de 2018, es académica de Número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ocupando la vacante de la medalla número 41 de la corporación.
Manuel Aragón es Catedrático de Derecho Constitucional y Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional de España. Fue director del Centro de Estudios Constitucionales y miembro del Consejo de Estado. Ha sido Presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Discípulo del ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y ex presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Participó activamente en la formación académica de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, de quien fue preceptor cuando Don Felipe estudió Derecho en la Universidad Autónoma. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. También lo es de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de Córdoba. Doctor honoris causa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México). Ha sido profesor ordinario de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Florencia (Italia) y profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas. Es profesor extraordinario de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Nacional Autónoma de México. En España, ha sido, desde 1979, catedrático de Derecho Constitucional de las universidades de Zaragoza, País Vasco, Valladolid, Complutense de Madrid y Autónoma de Madrid. Se jubiló como catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que, actualmente, sigue desempeñando sus tareas universitarias como catedrático «emérito». Es autor de una docena de libros y de más de doscientos artículos científicos en materias de Derecho Constitucional.
Andrés Betancor, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (desde el año 2003), autor de libros, capítulos y artículos (más de 120 obras) en su ámbito de especialización (Derecho público, control del poder, organización administrativa, regulación económica y ambiental). Es colaborador habitual en los medios de comunicación, en particular, en el periódico El Mundo, así como en Expansión (sumando más de 200 tribunas). En la actualidad dirige en la Fundación Rafaél del Pino el programa “Instituciones del Estado democrático de Derecho”.
Resumen:
La Fundación Rafael del Pino organizó, el 20 de junio de 2024, el diálogo “Instituciones del Estado Democrático de Derecho”. En el acto participaron Vicente Guilarte Gutiérrez, presidente del CGPJ, por suplencia, desde el 20 de julio de 2023; Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, ex fiscal general del Estado de España; Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, y Andrés Betancor, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.
Manuel Aragón: Las instituciones son la fortaleza del sistema, pero la fortaleza resiste si la guarnición es buena. Son las fortalezas del sistema, pero para que lo sean tienen que ser fortalezas con una estructura defensiva bien asentada, bien servidas por sus titulares. Si las instituciones declinan, se erosionan, el sistema decae. Sin instituciones sólidas no hay una economía que se mantenga, ni una sociedad que viva en libertad, no hay controles del poder, no hay esa estructura que amalgama a un sistema político en una democracia constitucional. Pero las instituciones tienen que adecuarse a dos principios, primero el de que posean atribuciones suficientes para ejercer su desempeño. El segundo es que tienen que estar organizadas de modo que formen un complejo capaz de control mutuo, la división de poderes es una división institucional. Las instituciones de control, ya sean reguladores o tribunales de justicia, tienen que ser imparciales e independientes, y ser conscientes de que sus poderes están limitados por la Constitución. En un sistema constitucional, ninguna institución soberana, ni siquiera el Parlamento, todas tienen su poder limitado por la Constitución, de manera que la soberanía Parlamentaria es una falacia. Si el Parlamento fuera soberano, significaría que la mayoría parlamentaria sería soberana, lo que conduce al despotismo. En un estado democrático no hay más soberano que la Nación, que depende del pueblo, el elemento vivo de la Nación. Si no fuera así, la Constitución sería una página en blanco en la que el legislador podría escribir a su capricho, carecería de fuerza legislativa. Como la Constitución limita al poder, no se puede admitir que el Parlamento sea soberano.
Consuelo Madrigal: El Ministerio Fiscal defiende objetivamente, bajo los principios de imparcialidad y legalidad, la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. A veces, últimamente, vemos que se invoca la libertad propia para pisotear la de otros. Entonces, los fiscales nos preguntamos si hay usos de la libertad que son un riesgo para la democracia y para la libertad misma. La respuesta que a todos les ampara la ley, lo que protege a los ciudadanos no es la libertad, sino la ley. Entonces, tenemos que interpretar la defensa de la legalidad como está estructurada, que termina en una cúspide con la Constitución y el Tratado de la Unión Europea. Los fiscales estamos comprometidos en ese triple nivel de legalidad. Hay casos en los que los fiscales se enfrentan a una ley que puede plantear el dilema de que el preámbulo de la ley invoque la soberanía de las Cortes para configurar la voluntad popular. El dilema continúa si hay cuestiones que vulneran la legalidad ordinaria. Entonces, el fiscal tiene que defender esa triple legalidad, primero excluyendo los preceptos nacionales que se oponen a la legislación europea, planteando, si es preciso, la confrontación de esa ley con el derecho de la Unión Europea, e instando la disconformidad de una ley con la Constitución.
Vicente Guilarte: El CGPJ y su función es la defensa de la independencia judicial. Para poder hacerlo, tiene que participar de esa idea, ser un Consejo independiente. Si sale viciado de origen, arrastra a los mecanismos que luego activa. Todos tenemos que valorar en que medida estamos ayudando o no a fomentar la independencia judicial. El Consejo debe defender esa independencia frente a los ataques concretos contra ella.
Manuel Aragón: Hoy, las democracias no suelen morir por la fuerza, sino por su deterioro interno. Eso, que enlaza con las instituciones, es una de las principales amenazas reales a la democracia constitucional. Esa amenaza consiste no en destruir a la fuerza o por medios ilícitos la constitución, sino en falsearla. Ante eso, los juristas tienen que reaccionar de manera firme y continuada. Hay otra amenaza relacionada con la anterior, que es la ocupación de las instituciones por los partidos políticos. El lugar de los partidos es el Parlamento, no las instituciones de control técnico. Eso destruye la división de poderes, destruye los controles. Hay unas voluntades políticas que se apoderan de la casi totalidad del Estado. El problema es cómo se reacciona. Hay debates en el Congreso de los Diputados que dan verdadera vergüenza, en los que hay mentiras, insultos, polarización política, frontismo. Esto está sucediendo hoy en gran parte de las democracias. ¿Cómo hacer frente a esas amenazas? En primer lugar, haciendo públicas las opiniones de los que piensan que así se decide el sistema, pero de modo razonado y razonable, desde la cátedra, los periódicos, los libros. Pero con eso no basta. La llamada a la concordia, el consenso, los valores y los principios constitucionales, la independencia judicial, ha sido una constante en el reinado de Felipe VI desde el primer día de su acceso al trono. Esas palabras me representan perfectamente.
Consuelo Madrigal: La defensa de la legalidad no es exclusiva de los fiscales. La legalidad se defiende, en primer lugar, en el Parlamento haciendo buenas leyes, conforme a los principios de buena legislación, necesidad, racionalidad, información técnica, amplitud, informes, debates. O sea, una ley que proceda de una deliberación. Los fiscales tenemos que defender también las malas leyes, por esa perversión del deterioro legislativa, incluso cuando ese deterioro es el decreto-ley, pero hay que defender lo que procede del Parlamento siempre con la Constitución. ¿Qué amenaza hay? Si las instituciones están invadidas por la influencia partidista, están colonizadas por los miembros de una determinada ideología, esto se nota en las cuestiones nucleares. Esta es la amenaza. ¿Cómo se puede arreglar? Modificando el estatuto de la Fiscalía para adecuar su funcionamiento ordinario y estatutario a la propia Constitución. No se trata solo de que el fiscal general esté nombrado por el Gobierno, sino que, una vez nombrado, siga siendo un vasallo de las decisiones gubernamentales. Esto puede ocurrir y es lo que debe evitarse, regulando esas relaciones y reduciéndolas al mínimo imprescindible, pero sometiéndolas a pautas de transparencia y rendición de cuentas. También realizando un catálogo de condiciones de idoneidad que no puedan obviarse, entre las cuales está la garantía de la imparcialidad. No basta dejarlo todo al talante personal del fiscal general del Estado. Hay que garantizarlo de la misma forma en que se garantiza la independencia judicial. La principal garantía de ello es la exigencia de responsabilidad vinculada con sus decisiones, igual que los jueces. Esto es lo que está pendiente, la responsabilidad de los fiscales en general y, sobre todo, la del fiscal general del Estado. Esto nos sitúa ante un poder del Estado de inmensa incidencia en la vida de los ciudadanos, el poder de acusar, de promover, incentivar o desincentivar investigaciones penales de amigos o enemigos, según los casos. Un poder exento de la correspondiente responsabilidad.
Vicente Guilarte: El bloque del CGPJ es mucho peor que esa relativa paralización de los tribunales. Lo malo es la degradación institucional. Lo que se percibe es que estamos en algo muy complejo, que no tiene salida, que está degradando a la judicatura. Ese es el gran problema. Las instituciones tienen que ser fuertes, por lo que hace falta volver a los cauces constitucionales y a un consejo que sea verdaderamente fuerte. El problema es la apetencia política, el querer tener su cuota mayoritaria en el Consejo. Tener dos cuotas mayoritarias es muy difícil. El segundo hito es que se mantenga una relativa discrecionalidad en el nombramiento de los altos cargos. Habría que objetivar el nombramiento de los altos cargos. Para los nombramientos debería funcionar plenamente el principio de mérito y capacidad y que quien valore ese principio tenga el nivel de elegible. Los jueces deberían tener una participación directa en esos nombramientos. Si se consigue eso, se dulcificará el problema, las apetencias del poder político por captar el Consejo.
Manuel Aragón: La democracia es como el césped de los jardines, que recibe su savia de abajo arriba, pero su mantenimiento lo recibe de arriba abajo, a través de riegos y cuidados continuados. Así es la democracia. Su legitimidad procede de abajo arriba, la voluntad popular. Pero su mantenimiento procede de arriba abajo, a través de la educación y del magisterio de las costumbres, de la ejemplaridad por término medio de las instituciones y de los dirigentes políticos. La democracia no se mantiene sola por inercia. Sin unos ciudadanos comprometidos con los valores de la democracia, sin una mayoría suficiente de esos ciudadanos, la democracia acaba pereciendo. El Derecho no lo puede todo. Es importante que haya controles jurisdiccionales. Son requisitos indispensables, pero no son suficientes. La garantía social de la Constitución es la más fuerte, aunque sea la menos institucionalizada. Si unos ciudadanos celosos de su libertad y vigilantes frente a la opresión o al falseamiento de las instituciones, la democracia, aunque tenga controles jurisdiccionales y políticos, no se mantiene. Esa labor constante de riego desde arriba abajo. Eso es lo que va calando. Si durante mucho tiempo se pierde ese riego, se seca y le cuesta mucho tiempo volver a recuperarse. Sin un espíritu constitucional colectivo, una constitución no se mantiene. La nuestra es una buena Constitución, que no tiene problemas. Tiene problemas su aplicación por su falseamiento.
Consuelo Madrigal: Los ciudadanos, cuando estamos en una situación de riesgo, son la gran esperanza. Los partidos han laminado la sociedad civil. Por eso, es el momento de la ciudadanía, la sociedad civil. Ese entramado es lo que da validez o no a los discursos políticos y sociales. Hay que fortalecer ese entramado de la sociedad civil, crear nuevos espacios de libertad y debate en el mundo digital y analógico, en el que se haga un ejercicio del derecho de reunión, comunicación, participación. ¿Cómo se consigue? Con educación, con ejemplaridad. Hay elevar el tono ético de la vida pública, tener valor para hablar de ética en la vida pública. Ser ciudadano es un deber ético, moral, pero no es fácil, por lo que hay que ayudarle.
Vicente Guilarte: Los jueces son ejemplares y hay que ayudar a serlo. La ejemplaridad es decisiva, porque las terminales mediáticas de la política son cada vez más fuertes. La política cree que captar el poder judicial es una obligación suya y lo están intentando.
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