Presentación del Informe del Estado de Derecho 2026
Elisa de la Nuez, Daniel Calleja y Juan Mora Sanguinetti
La Fundación Rafael del Pino y la Fundación Hay Derecho organizó, el 6 de octubre de 2026, la presentación del Informe del Estado de Derecho 2026.
El encuentro fue inaugurado por María del Pino, presidenta de la Fundación Rafael del Pino, y Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho.
A continuación, Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España, abordará los retos del Estado de Derecho en la Unión Europea.
Posteriormente, Elisa de la Nuez, directora del informe, abogada del Estado en excedencia y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, presentará sus principales resultados y conclusiones.
Tras la presentación tuvo lugar un diálogo en el que participarán:
Elisa de la Nuez, directora del Informe del Estado de Derecho 2026 y secretaria general de la Fundación Hay Derecho.
Juan Mora Sanguinetti, catedrático de Economía de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia.
Natalia Velilla, magistrada y escritora.
El diálogo estuvo moderado por Vicente J. Montes Gan, director de la Fundación Rafael del Pino.
El Informe del Estado de derecho 2026 es una investigación basada en datos objetivos que analiza la evolución de la calidad institucional y democrática en España. Examina la independencia y capacidad del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal; la actividad de las Cortes Generales; el funcionamiento de los principales contrapesos institucionales; la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica; la calidad de la producción normativa; la transparencia, la integridad pública y la lucha contra la corrupción; así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Su objetivo es ofrecer un diagnóstico completo, exhaustivo y riguroso sobre las fortalezas y debilidades del sistema institucional español y contribuir a un debate informado sobre las mejoras necesarias. Se trata del análisis más completo que se realiza actualmente sobre el Estado de derecho en España, que la Fundación Hay Derecho pone a disposición de las instituciones y de la sociedad.
Resumen:
La Fundación Rafael del Pino y la Fundación Hay Derecho organizaron, el 6 de octubre de 2026, la presentación del Informe sobre el Estado de Derecho 2026, un estudio que analiza, a partir de datos objetivos e indicadores nacionales e internacionales, la situación y evolución de las principales instituciones y contrapesos del sistema democrático español.
El encuentro comenzó con una conferencia dedicada a los retos del Estado de derecho en la Unión Europea. A continuación, se presentaron los principales resultados y conclusiones del informe y, posteriormente, tuvo lugar un diálogo sobre la calidad institucional, la seguridad jurídica, el funcionamiento de la justicia y sus consecuencias económicas y sociales.
El Estado de derecho, un elemento esencial del proyecto europeo
Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España, situó el Estado de derecho en el núcleo de la construcción europea. Recordó que la Unión Europea se ha desarrollado durante siete décadas mediante un proceso progresivo de integración basado en normas comunes y en la confianza en su cumplimiento.
En un contexto internacional caracterizado por importantes desafíos geopolíticos, de seguridad y competitividad, Calleja señaló que Europa debe permanecer fiel a sus valores fundacionales. En este sentido, afirmó que el Estado de derecho tiene una importancia «existencial» para la Unión Europea: su fuerza reside en las normas que los Estados se dan libremente en común y en la confianza en que serán respetadas y aplicadas por igual.
Explicó los seis pilares sobre los que la Comisión Europea articula su concepción del Estado de derecho: legalidad, seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo, tutela judicial efectiva, separación de poderes e igualdad ante la ley.
Calleja repasó también los instrumentos de los que dispone la Unión Europea para prevenir y responder a posibles vulneraciones. Entre ellos destacó el Informe anual sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea, las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, los procedimientos de infracción y los mecanismos que permiten condicionar determinados fondos europeos al respeto de estos principios.
En relación con España, recordó la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024 y señaló que continúa pendiente avanzar en la reforma del sistema de elección de los jueces de acuerdo con los estándares europeos.
Asimismo, avanzó que los futuros procesos de ampliación de la Unión incorporarán mayores salvaguardias frente a posibles retrocesos institucionales una vez producida la adhesión.
Las principales conclusiones del Informe sobre el Estado de Derecho 2026
A continuación, Elisa de la Nuez, directora del informe, presentó sus principales resultados. El análisis se centra fundamentalmente en 2024 y 2025, aunque incorpora algunas actualizaciones de 2026 y series históricas que permiten observar la evolución de determinados indicadores.
El informe sigue en parte la metodología utilizada por la Comisión Europea, ampliándola y adaptándola al contexto español. Una de sus principales características es la utilización de datos cuantitativos e indicadores objetivos para evaluar la evolución de la calidad institucional.
De la Nuez señaló que los principales indicadores internacionales muestran una tendencia de deterioro de la calidad institucional y una erosión de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Precisó que este deterioro no afecta fundamentalmente al componente electoral de la democracia española, sino especialmente a la calidad de los contrapesos institucionales y los límites al ejercicio del poder.
Entre los ámbitos analizados por el informe figuran el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal; las Cortes Generales; los contrapesos institucionales; los derechos fundamentales y la seguridad jurídica; la producción normativa; la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción; y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.
Entre sus conclusiones se señalaron los problemas relacionados con la independencia y la percepción de independencia del Poder Judicial, la creciente polarización institucional, las deficiencias en determinados procedimientos de nombramiento y la necesidad de reforzar los criterios de mérito y capacidad.
El informe presta también atención a la calidad de la producción normativa y al creciente recurso a procedimientos que reducen algunos de los controles y trámites habituales en la elaboración de las leyes. En materia de transparencia e integridad institucional, plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos preventivos y mejorar el funcionamiento de los organismos encargados de garantizar el acceso a la información pública.
Entre sus recomendaciones se encuentran la profesionalización de las instituciones, el refuerzo de su independencia, la aplicación de criterios objetivos de mérito y capacidad en los nombramientos, el fortalecimiento de los contrapesos y la mejora de los mecanismos de prevención de la corrupción y de transparencia.
Calidad institucional, economía y seguridad jurídica
Tras la presentación del informe tuvo lugar un diálogo entre Elisa de la Nuez, Juan Mora Sanguinetti y Natalia Velilla, moderado por Vicente J. Montes Gan, director de la Fundación Rafael del Pino.
Juan Mora Sanguinetti centró parte de su intervención en las consecuencias económicas de la calidad institucional y, en particular, en el impacto de la creciente complejidad regulatoria.
Señaló el fuerte aumento de la producción normativa experimentado en España durante las últimas décadas: frente a unas 4.000 normas anuales en los años ochenta, en la actualidad se publican alrededor de 12.000. Esta complejidad regulatoria genera costes para ciudadanos y empresas y afecta especialmente a las compañías de menor tamaño y a los nuevos competidores.
La existencia de reglas claras, previsibles y accesibles resulta, por tanto, fundamental para facilitar la actividad empresarial, la competencia y la inversión.
Judicialización y responsabilidad política
Natalia Velilla abordó el funcionamiento de la justicia y la relación entre los distintos poderes del Estado. Advirtió, en particular, de la tendencia a trasladar a los tribunales conflictos cuya solución debería encontrarse en el ámbito político o institucional.
En este sentido, defendió la necesidad de diferenciar entre responsabilidad penal y responsabilidad política. El funcionamiento adecuado de una democracia no puede reducir la responsabilidad pública únicamente a determinar si una determinada actuación constituye o no un delito.
Durante el diálogo se abordaron asimismo cuestiones relacionadas con la independencia judicial, la separación de poderes y la necesidad de que cada institución ejerza sus funciones dentro del marco que le corresponde.
El Estado de derecho y la vida cotidiana
Elisa de la Nuez insistió durante el diálogo en que la defensa del Estado de derecho debe situarse al margen de las posiciones partidistas. Las reglas democráticas y los contrapesos institucionales deben preservarse con independencia de quién ejerza el poder en cada momento.
También destacó la necesidad de acercar estas cuestiones a los ciudadanos. La seguridad jurídica, la calidad normativa o el funcionamiento de las instituciones tienen consecuencias directas sobre aspectos cotidianos como un contrato, un alquiler, la actividad empresarial o el ejercicio de los derechos.
Los participantes abordaron finalmente el papel de la sociedad civil, la transparencia y el acceso a la información como instrumentos para reforzar las instituciones y hacer frente a la polarización.
El encuentro puso de manifiesto que la calidad del Estado de derecho no constituye únicamente una cuestión jurídica o institucional. De ella dependen también la confianza de los ciudadanos, el funcionamiento de la economía, la seguridad jurídica y la calidad de la democracia.
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