España ha vivido décadas con tasas de paro elevadísimas en comparación con nuestros países de referencia, lo cual ha tenido que ver, probablemente, tanto con la sustancia de las políticas aplicadas (que suelen promover cambios institucionales incrementales, o distintas asignaciones de recursos) como con la forma de debatir la cuestión, propia de una cultura de discusión pública insuficientemente desarrollada, con un exceso de partidismo y mimetismo, y un defecto de articulación y atención mutua entre los que conversan.
Un debate así hace difícil formular y llevar a la práctica políticas públicas sensatas sobre un tema tan complejo y delicado como el del empleo en general, y el empleo juvenil en particular; políticas que tanto requieren del apoyo de (gran parte de) la ciudadanía. Se necesita que la ciudadanía participe en el debate y, en última instancia, que se llegue a un cierto consenso o un espíritu de compromiso para arbitrar soluciones, que, a su vez, sean comprendidas no como dogmas o meros actos de voluntad política, sino como experimentos rectificables a la luz de la experiencia.