El tema de la calidad del debate público en España se propuso bajo el supuesto de que los temas de interés común se suelen debatir en España con mucha dificultad.Lo cual sucede a pesar de un entramado institucional que, en sus grandes líneas, favorece el debate: una democracia liberal, de cuatro décadas, que permite la plena expresión de todos; un sistema educativo que asegura una escolarización prolongada a la inmensa mayoría de la población desde hace tiempo; medios de comunicación plurales; una sociedad civil con cierto grado de movilización; una economía de mercado que suscita continuamente cuestiones de debate, abriendo cauces para desarrollarlo; y, en general, una cultura de la tolerancia.
En lo fundamental, los participantes aceptaron, explícita o implícitamente, un diagnóstico de la calidad del debate público en España que hace hincapié en sus insuficiencias, en comparación (por lo general, implícita) con una suerte de tipo ideal de debate público y/o con lo que se sabe, más o menos directamente, del funcionamiento de la esfera pública en otros países occidentales (tal vez, anglosajones y del centro y norte de Europa), y, en cualquier caso, a la vista de lo que requeriría la gravedad de los problemas que afronta España.