Por Eduardo Ramos. Spanish Leadership Network
Hablar de conflicto y de paz en Colombia no es solamente hacerlo de un enfrentamiento de actores armados, sino que supone hablar de un conflicto social no resuelto con unas profundas causas estructurales-seculares que pueden quedar enmarcadas dentro de un proceso de violencia estructural. Este proceso de violencia estructural ha supuesto que tradicionalmente una significativa parte de la población colombiana no haya disfrutado de una condiciones mínimas para una vida digna ni de espacios de voz y representación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas.
El gran reto que tiene Colombia es conseguir la paz a través de una sociedad más justa y equitativa.
En este sentido, la paz en Colombia no se limita a la dejación de las armas por parte de los dos principales grupos armados del país, FARC-EP y el ELN, ni tampoco por los grupos paramilitares. La paz supone tratar y superar una serie de factores asociados a la violencia estructural, generadores de un conflicto social, que son fuente de desigualdad y de pobreza para importantes sectores de la población colombiana. Prueba de ello es que, tanto en los acuerdos de paz con las FARC-EP como en los diálogos para la paz con el ELN, transciende la idea de que la paz se construye a partir de elementos como la participación, el diálogo y el desarrollo humano y sostenible.
Esta situación de violencia estructural alude a un Estado, el colombiano, que históricamente no ha podido procurar una base mínima de bienestar y desarrollo a grandes sectores de su ciudadanía; que tampoco ha resuelto el problema secular del uso y tenencia de la tierra, que no ha ejercido el monopolio legítimo de la fuerza en importantes zonas de su territorio y no ha permitido tampoco construir ciudadanía a través de la generación de espacios de voz y representación en grandes áreas del país. Esta situación de violencia estructural se manifiesta fundamentalmente en el ámbito rural y en la periferia colombiana, donde la presencia del Estado históricamente ha sido o se ha presentado de forma más precaria.
En este orden de ideas, el gran reto que tiene Colombia es conseguir la paz a través de una sociedad más justa y equitativa. Esta afirmación nos llevaría a poder decir que, aunque no hubiese un conflicto armado, seguiría existiendo un conflicto social que no permitiría considerar a Colombia como un país que disfruta una situación de paz.
Si se aspira a una paz social en Colombia, entre otras medidas, se requiere un diálogo constante entre el Estado, la sociedad y el sector empresarial para definir visiones de desarrollo conjuntas dentro del marco del concepto de paz territorial que permitan afrontar desafíos históricos del Estado colombiano, como el mejoramiento de las condiciones de vida, la lucha contra la pobreza y la superación de las brechas de la desigualdad en las zonas rurales y periféricas del país. Es importante señalar que dentro del sector empresarial, las industrias del petróleo y el gas y de la minería cobran una especial importancia por su peso en la ecomomía del país, y porque han sido un foco de conflictividad social constante en los últimos años debibo a que las comunidades locales de los lugares donde se desarrollan los proyectos extractivos reclaman un mayor beneficio de la explotación de los recursos y el fin de las externalidades negativas que implica esta actividad extractiva.
De esta forma, se requieren espacios de diálogo que trabajen desde una perspectiva del cambio para transformar aquellos factores de violencia estructural en oportunidades de desarrollo humano y sostenible. Estos espacios pensados como esquemas de gobernanza participativa, supondrían una redefinición de la relación entre el ciudadano, el sector empresarial y el Estado en Colombia. En este sentido, el fortalecimiento y la creación de espacios de encuentro y diálogo entre el Estado, la sociedad y las empresas, puede ayudar a legitimar otras formas de convivencia basadas en el consenso, la cooperación y el respeto de los derechos humanos, dejando de ser el conflicto una forma recurrente en la interacción entre ellos.
Además, estos mecanismos de gobernanza participativa, al ser promotores de visiones conjuntas de desarrollo humano y sostenible en los territorios, podrían servir de impulso al actual proceso de paz en Colombia, ya que estarían en sintonía con los puntos de Democracia y Transformaciones para la Paz de la agenda de las conversaciones de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano; e irían también en la línea de los principios de participación y territorialidad del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Los planteamientos anteriormente expuestos para construir la paz en Colombia conllevan superar una concepción de hacer política, o de ejercer el poder público, que ha supuesto que una gran parte de los ciudadanos hayan estado tradicionalmente excluidos de espacios de voz y representación. Este hecho ha tenido consecuencias muy negativas porque, por un lado, no ha permitido a un número importante de colombianos adquirir un sentido pleno de ciudadanía democrática y, por otro lado, porque ha generado un sentido de desconfianza hacia al Estado, arraigando en amplios sectores de la población la percepción de un Estado carente de legitimidad y de representatividad de sus intereses.
Como reflexión final, parece que no hay dudas de que la paz es un valor universalmente bueno y deseable. No obstante, a menudo el término de la paz se utiliza de forma reiterada, sin conocer cuáles son sus implicaciones y consecuencias, lo que conlleva a que se trivialice con frecuencia y se convierta en un concepto manido e irrelevante. En el caso colombiano, la paz significa, entre otros aspectos, redefinir un nuevo contrato social, donde las clases más privilegiadas acepten unas nuevas “reglas del juego” que supongan un acceso más justo a los recursos para toda la sociedad.
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Eduardo Ramos Licenciado en Sociología, posee un Máster en Gobernanza y Desarrollo por el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex y es Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente, es consultor e investigador para el sector privado y organismos internacionales, como la CEPAL, el PNUD o el Banco Mundial, en proyectos de gobernanza democrática y desarrollo sostenible, con enfoque en la prevención y transformación de conflictos para la construcción de paz. Ha asesorado en las conversaciones entre el ELN y el Gobierno Colombiano en el actual proceso de paz y ha sido especialista senior en prevención y transformación de conflictos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia.
