A la economía española, al igual que a la europea, se le acumulan los problemas, lo que ya es malo de por sí. Pero lo peor es que se trata de problemas estructurales que necesitan diez años o más para poder revertirse y superarse. Por su propia naturaleza, la superación de esos problemas necesita de consensos que, al menos en la España de hoy, no parece posible que se puedan alcanzar, y de políticas de largo plazo que no estén condicionadas por las dinámicas electorales. Sin esas políticas, el declive económico y social de nuestro país está poco menos que garantizado.
¿Qué es lo que nos pasa? Lo primero de todo, según Jesús Fernández-Villaverde, Howard Marks Presidential Professor of Economics y director de la Penn Initiative for the Study of the Markets en la Universidad de Pensilvania, es el colapso demográfico. Esto no es nuevo. La caída de la tasa de natalidad se viene produciendo desde 1975 hasta el punto de que, con una tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer, lo más probable es que la población española se reduzca un 40% en cada generación. Un hecho que conlleva muy serios problemas económicos. Por ejemplo, las economías de escala y aglomeración que surgen de una población creciente que vive en núcleos urbanos desaparece. Esas economías están muy vinculadas con los desarrollos tecnológicos y la competitividad de unos territorios que, en el caso español, van quedándose vacíos.
«La reducción de la población implica que hay menos gente trabajando y produciendo.»
El declive demográfico español viene precedido de un envejecimiento de la sociedad, con una proporción creciente de gente de 65 años y más a la que hay que pagar una pensión pública y que genera más gasto en sanidad y dependencia.
Por si no bastara con ello, la reducción de la población implica que hay menos gente trabajando y produciendo. En consecuencia, las estimaciones apuntan a que el PIB se reducirá entre un 4% y un 5%. Y eso lleva a un tercer problema. El PIB, en última instancia, es la base imponible sobre la que se recaudan los impuestos y las cotizaciones sociales que sostienen el Estado del bienestar. Menos gente trabajando y menos PIB implica menos ingresos, o una reducción de su ritmo de crecimiento. Si el gasto público, en particular el gasto social, se comportara de la misma manera, no habría problema. Pero es que el declive demográfico español viene precedido de un envejecimiento de la sociedad, con una proporción creciente de gente de 65 años y más a la que hay que pagar una pensión pública y que genera más gasto en sanidad y dependencia. Un gasto que se convierte en insostenible si no se toman medidas de reforma o se recorta la asignación a otras partidas del presupuesto público.
En contra de lo que muchos creen, la inmigración no es una solución al problema. A corto plazo, es cierto, genera un flujo de caja positivo, porque los inmigrantes aportan al presupuesto más de lo que reciben. Pero, más adelante, también hay que pagarles a ellos su correspondiente pensión. Así es que la solución no reside en la inmigración.
La salida podría estar en aumentar la productividad y la renta per cápita de los españoles. Sin embargo, aquí nos encontramos con el segundo problema que denuncia Jesús Fernández-Villaverde. Se trata del estancamiento económico. La economía española crece porque hay más gente trabajando, pero la renta per cápita no lo hace. Por el contrario, ha caído en relación con la de Estados Unidos e, incluso, con la media de la Unión Europea. En otras palabras, en lugar de avanzar, retrocedemos. Y la llegada de la inteligencia artificial va a empeorar la situación.
La economía española crece porque hay más gente trabajando, pero la renta per cápita no lo hace.
Por si no bastara con todo lo anterior, Fernández-Villaverde advierte de lo endeble que es en estos momentos la posición geoestratégica de Europa en general, y de España en particular. Confiados en que Estados Unidos siempre estaría ahí para sacarnos las castañas del fuego, no hemos invertido en defensa y ahora lo pagamos. De entrada, Estados Unidos dice que sus prioridades son otras, con lo que deja a Europa huérfana de protección frente a la amenaza rusa. Una amenaza a la que Europa es incapaz de responder precisamente por no haber invertido en defensa. Pero es que, además, esa ampliación de las distancias en renta per cápita y en tecnología entre Estados Unidos y Europa tiene mucho que ver con el gasto en defensa estadounidense, que se encuentra detrás de los desarrollos tecnológicos del país, por ejemplo, a través de DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), la agencia estadounidense que promueve la inversión en I+D de más alta vanguardia. Europa no tiene nada parecido porque no gasta en defensa. Por tanto, no es de extrañar que las distancias con Estados Unidos se amplíen, que se debilite nuestra posición geoestratégica y que tengamos problemas de estancamiento económico. En España y en Europa.
Todo ello, además, ocurre en estos momentos en medio de un caos político, recuerda Fernández-Villaverde. En Alemania parece que se avecina un cambio de gobierno en el que soplan vientos contrarios a Europa; en Francia, la posición de Emmanuel Macron se debilita mientras que parecen avanzar con paso firme los populistas de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, mientras la Comisión Europea de Ursula von der Leyen no sabe qué hacer y se encuentra cada vez más perdida y alejada de la realidad.
Para complicar más las cosas, en España nos encontramos con un problema de mentalidad. En primer lugar, porque, como advierte Fernández-Villaverde, la élite no es consciente del momento tan grave en el que estamos. Y, en segundo lugar, porque el poder se concentra en repartir la tarta, no en cómo hacerla crecer. Así es que el problema del estancamiento económico se ve reforzado por esta mentalidad de suma cero.
El problema del estancamiento económico se ve reforzado por esta mentalidad de suma cero.
En resumen, según Fernández-Villaverde, el riesgo de que España y Europa fracasen a la hora de afrontar los retos del siglo XXI es del 67%. Pero, ojo, queda un 33% de margen para la esperanza, para poder actuar y remediar la situación. Ese margen hay qué aprovecharlo. ¿Cómo? Pues aplicando políticas que incrementen la natalidad de forma drástica, que mejoren la eficiencia de las administraciones públicas para que el Estado funcione y funcione mejor. También con políticas que permitan la adaptación a las nuevas circunstancias geopolíticas, incluyendo la inversión en defensa y la reducción de la dependencia energética del exterior. Y, por supuesto, es necesario reformar la economía española.
En concreto, lo que se necesita es confiar en el mercado, en la iniciativa emprendedora, en el mérito. Es lo que genera riqueza y bienestar. Y, para facilitarlo, es preciso flexibilizar el mercado laboral; mejorar la eficiencia de los mercados de capitales; regular ex post, no ex ante; eliminar regulación y trabas administrativas, reducir los costes de reestructuración de las empresas en dificultades, construir nueva vivienda, mejorar el sistema educativo y reestructurar la política de inmigración para que no entren inmigrantes sin título universitario. Estas son las recetas de Fernández-Villaverde. Recetas que hay que tener en cuenta porque las cosas van mal y son claramente susceptibles de empeorar. La cuestión es si hay voluntad política para tomar estas decisiones tan necesarias.
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