Una nación no puede vivir en paz ni prosperar si no es en libertad. Esa libertad en la vida política, como es lógico, se fundamenta en el Estado de Derecho y en la separación de poderes. Sin embargo, la libertad no puede darse por garantizada. Como decía también Popper, la sociedad abierta también tiene sus enemigos. Esos enemigos hoy han cobrado vida, como zombis que se levantan de las catacumbas de la historia y amenazan con devorar nuestro orden liberal, que tanta paz y prosperidad han traído a quienes se han acogido a él desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Solo las instituciones que son verdaderamente independientes y están al servicio de la sociedad son garantes de la libertad y los derechos de la ciudadanía.
España es uno de los países en los que la sociedad abierta se ve amenazada por esta nueva marea de cambio. De hecho, los retos más importantes que tiene ante sí hoy en día son, precisamente, los relacionados con la defensa del orden liberal, que no podemos dar por garantizado. Elisa de la Nuez, abogada del Estado y coeditora del blog ¿Hay derecho?, lo expresa perfectamente cuando enfatiza los riesgos que conlleva la politización creciente de las instituciones. Solo las instituciones que son verdaderamente independientes y están al servicio de la sociedad son garantes de la libertad y los derechos de la ciudadanía. En cambio, cuando el poder político las coloniza se ponen al servicio de quien las controla y de sus intereses.
Las instituciones son contrapesos frente a los desmanes del poder político, en especial los poderes Legislativo y el Judicial. Si no funcionan, la libertad sufre, se desvanece, se convierte en un espejismo, en una ilusión. Eso es lo que está pasando en España, como recuerda Elisa de la Nuez. Y, lo que es peor, el deseo del actual Gobierno de mantenerse en el poder a cualquier precio le ha llevado a realizar concesiones que han debilitado dos de las instituciones esenciales de la democracia y la libertad: el poder Judicial, que garantiza a todos la igualdad ante la ley, y el poder Legislativo, que es a través del cual la ciudanía ejerce la soberanía popular. ¿Ejemplos? La ley de amnistía y su tramitación. O la forma en que el Constitucional resuelve los casos mediante votaciones por bloques ideológicos, no siguiendo los principios fundamentales del Estado de Derecho. Cuando estas actuaciones se justifican alegando que es “lo correcto”, estamos ante una señal clara de que la democracia se desvirtúe y empiecen a imperar las prácticas contrarias a la libertad, advierte Elisa de la Nuez.
El problema, por desgracia, no se va a resolver con un mero cambio de protagonistas políticos, advierte Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra. El problema es mucho más profundo y repleto de paradojas. Por ejemplo, los españoles tienden a rechazar las reformas del mercado de trabajo que aumenten la flexibilidad en las relaciones laborales, a pesar de que somos el país con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE. Este simple dato constituye una seria advertencia de que algo no funciona como debería en el mercado de trabajo. ¿Qué hace la sociedad española al respecto? Pues, por un lado, rechaza las reformas laborales y, por otro, evitan esa normativa laboral rígida para recurrir a formas alternativas de trabajo, como el autoempleo o la economía sumergida. ¿Cómo explicar esta paradoja? Pues según Arruñada es porque somos unos mentirosos patológicos.
Después está el reto que supone la inteligencia artificial. Si la automatización ya amenaza con hacer desaparecer a medio plazo el 25% del empleo industrial en España, según las estimaciones de la OCDE, ahora tenemos que lidiar con un problema añadido. La inteligencia artificial nos llega con un mercado de trabajo propio de los años 40 del siglo XX. Es decir, no estamos preparados para ella. Y su impacto se va a dejar sentir, especialmente, sobre las personas más cualificadas.
El graduado universitario medio español tiene menos competencias que el bachiller holandés medio.
¿Estamos preparados para afrontar este desafío? El sistema educativo desde luego que no. Tenemos planes de estudios obligatorios que no ofrecen formación alguna. El graduado universitario medio español tiene menos competencias que el bachiller holandés medio. Vamos, que el modelo educativo español, en palabras de Benito Arruñada, no es más que “una estafa que nos hacemos a nosotros mismos”. Por ese camino no podemos seguir por mucho más tiempo. Sin embargo, resolverlo tampoco es sencillo. La demografía juega en contra de ello, puesto que en España nacen cada vez menos niños. Esto hace que los intereses políticos se desplacen hacia otros espacios, sin pensar en el daño que esta situación hace al presente y al futuro del país.
Lo mismo cabe decir del sistema económico español. No es un capitalismo de amiguetes, como muchos lo tildan. Para Arruñada, es más correcto hablar de un “Estado de amiguetes”, en el que las relaciones clientelares se dan en el sector público, con funcionarios y pensionistas como principales protagonistas y beneficiarios del sistema que, de esta forma, perpetúa su influencia sobre la política.
Arruñada subrayó que España tiene una de las tasas de paro más altas de Europa y que el sistema laboral español no está preparado para enfrentar los desafíos que plantea la inteligencia artificial. En su opinión, este tipo de tecnología afectará principalmente a las personas más cualificadas, puesto que las tareas que aumentan en productividad son las que realizan abogados, jueces, registradores y otros profesionales que tradicionalmente han sido bien remunerados. Este cambio, apuntó, tendrá profundas implicaciones sociológicas y económicas, que las instituciones y el sistema educativo no están preparados para gestionar adecuadamente.
Otro punto clave de su intervención fue la crítica hacia el concepto de «capitalismo de amiguetes», que consideró un término incorrecto para describir el sistema español. En su lugar, habló de un estado de amiguetes, donde las relaciones clientelares no se dan tanto en el sector privado como en el público, con un fuerte protagonismo de los funcionarios y pensionistas, quienes, en su opinión, son los principales beneficiarios de un sistema que perpetúa su influencia sobre la política. Cómo recuerda esta situación al declive del sistema de la Restauración y la crisis que trajo consigo. Claro que, como dijo George Santayana, quien desconoce la historia está condenado a repetirla, y aquí de historia se conoce poco, gracias a nuestro sistema educativo.
En el sistema educativo, precisamente, concentró su intervención Elisa Chuliá, profesora titular de la UNED. Desde su perspectiva, la baja calidad del debate público y la falta de capacidad cívica son consecuencia directa de un sistema educativo que no fomenta el pensamiento crítico ni la participación activa de los ciudadanos.
La libertad y la democracia, recuerda Elisa Chuliá, implican diálogo, escucha, respeto a los demás. Es en ese terreno en que las democracias se la juegan porque es donde se generan las capacidades de la sociedad civil para intervenir en la vida del país. Sin esas capacidades, la sociedad civil se debilita y la democracia se marchita.
La capacidad cívica de los ciudadanos es esencial para el buen funcionamiento de la democracia, subrayó Víctor Pérez-Díaz, sociólogo y presidente de Analistas Socio-Políticos. Dicha capacidad depende de la existencia de un espacio público donde prevalezca el diálogo honesto y la participación activa. Por desgracia, el espacio público español está muy lejos de ese ideal, ya que el debate suele estar dominado por intereses partidistas y no por el bien común. Por ello, es preciso revitalizar la participación cívica. La cuestión es cómo hacerlo, con tantos interesados como hay en estos momentos en sojuzgar dicha capacidad.
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