Uno de los pilares básicos de toda democracia es el control del poder, ya sea político o económico. Esto supone que el poder tenga que rendir cuentas, a partir de unos criterios básicos de transparencia. Es lo habitual en los países con larga tradición democrática. En España, por desgracia, no es así. En nuestro país se ha convertido en normalidad que el poder no rinda cuentas. De ahí la necesidad urgente de una reforma liberal en nuestro país. Lo explica Miriam González, abogada especialista en Derecho de la Unión Europea y fundadora del movimiento internacional Inspiring Girls.
El tiempo de la reforma
Parte de los problemas de la democracia española con el poder surgen de la Transición. Por entonces, fue necesario alcanzar una serie consensos que uniesen a todos. Para ello, hubo que encajar toda una serie de poderes fácticos, lo que implicó una acumulación de poder. Uno de los ejemplos más claros de ello son las listas electorales cerradas. Pero, después de cuatro décadas, hay cosas que valían entonces que hoy ya no sirven.
Por ello, ya no es posible instalarse en el inmovilismo. Hacerlo significa generar un círculo vicioso en el que los políticos concentran el poder. A continuación, empiezan a no rendir cuentas y los ciudadanos se ven menos empoderados para cambiar las cosas. De esta forma, van perdiendo el control sobre lo que están haciendo los políticos.
Concentración de poder
Como consecuencia de ello, la concentración del poder se ha ido expandiendo a cada vez más ámbitos políticos, económicos y sociales. Se ha hecho, por ejemplo, a través de la manipulación de la contratación pública. O a través de una legislación que es excesiva y poco transparente. Por tanto, hace falta cambiar estas tendencias y ver cómo adaptar el sistema desde dentro para que no se rompa desde fuera.
Muchas de las cosas que pueden hacerse, en este sentido, son fáciles y sencillas. El problema, para ello, es que la gente está considerando como normales cosas que no lo son. En el Reino Unido, por ejemplo, hay un comité de ética por el que hay que pasar obligatoriamente, cosa que no sucede en España. Si el comité detecta un conflicto de intereses, retiran al político. En España se puede hacer también, pero falta voluntad política.
Boato y corrupción
Ese boato que se crea en España en torno a los políticos, esos coches y casas oficiales, esos grupos enormes de asesores, no solo tienen un coste económico. Tienen, también, un coste de político porque alejan al poder de los ciudadanos. En otros países, esto suele ocurrir en el primer nivel de la política. Por ello, se distancia de la sociedad. Lo que es inusual es lo que sucede en España, donde esa situación se reproduce en todos los niveles de poder, ya sea nacional, regional o local.
Por lo que se refiere a la corrupción, si los ciudadanos de otros países tuvieran un sistema político como el español, también ocurrirían los casos de corrupción que suceden en España. El problema, por tanto, es del sistema. No puede ser que hayan surgido tantos casos de corrupción, muchos de los cuales están en los tribunales, y que la Justicia siga siendo lenta. No es normal que la Justicia no se haya reformado cuando hemos tenido muchos años para hacerlo. En vez cambiar el sistema, seguimos con él como estaba. Lo mismo cabe decir por lo que se refiere a la competencia en los mercados.
La reforma liberal
Esa discusión sobre las distintas reformas es algo que debe importar a todos los ciudadanos. A todos nos interesa seguir con el sistema constitucional, que el país prospere. Pero no se ha logrado generar ese clamor popular para reformar el sistema a causa de esa gran acumulación de poder.
La Constitución española debe reformarse, pero es un proceso que debe ir por fases. La primera es una fase técnica. Consiste en ver lo que hacen en otros sitios y compararlo con lo que se hace en España. Pero no todo consiste en una reforma de la Carta Magna. Los parlamentarios, por ejemplo, deberían ir todas las semanas a su circunscripción, a reunirse con sus votantes. Para eso, no hay que hacer una reforma de la Constitución. Lo mismo cabe decir respecto a la transparencia de los organismos de control de los contratos públicos. Y tampoco hace falta una reforma de la Constitución para abrir una página web para hacer consultas legislativas, lo mismo. Esas cosas, sin embargo, no se están haciendo.
Los políticos
Lo más preocupante es la cantidad de políticos con sueldo que existen en todos los niveles de la Administración. Son, además, los que nombran personas para las empresas públicas. Luego están también las fundaciones. Además, están todos los eventuales e interinos. La cifra total puede ser de 200.000 personas, pero no hay forma clara de saberlo por falta de transparencia.
En otros países, también, los políticos tienen una presión mediática que no se siente en España. Los políticos, en otros lugares, hablan con más frecuencia con los medios de comunicación. En España, esa presión sólo la hacen unos pocos periodistas y medios, y los políticos apenas responden a esa presión.
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