Uno de los pilares básicos de cualquier democracia es la libertad de información, porque es una extensión de la libertad de expresión. A través de su ejercicio se forma una opinión pública libre. Por este motivo, Naciones Unidas considera que la libertad de información es un derecho humano que, como tal, está protegido por la legislación internacional. Ahora bien, la libertad de informar no es absoluta, sino que tiene límites, entre ellos la veracidad de lo que se comunica.
Esta matización resulta de suma importancia en un mundo como el actual, en el que internet representa poco menos que la libertad absoluta, incluso hasta la anarquía, pero en el que todo lo digital puede emplearse también con fines contrarios a la libertad y a la democracia. Por ello, hay quienes, como James Harding, ex director de The Times y de BBC News, consideran que los gobiernos deben entrar a regular ese territorio sin ley que es internet. Y eso lo dice ni más ni menos que quien tanto ha luchado en el Reino Unido por mantener una separación estricta entre el Parlamento y los medios de comunicación.
La lógica que subyace en la posición de Harding es sencilla de explicar. Hoy, por desgracia, la democracia está retrocediendo en el mundo, y en ello tiene mucho que ver la guerra informativa que han abierto los países totalitarios, aprovechando esa actitud laxa de dejar hacer que ha venido manteniendo Occidente. El instrumento principal de esa guerra informativa no es otro que la desinformación, bien a través de la difusión de noticias falsas, o ‘fake news’, bien a través de la difusión de noticias parcialmente verdaderas, lo cual es aún más peligroso.
La difusión en el mundo digital tanto de noticias falsas como de noticias basura…está dañando la confianza en la libertad de expresión en el seno de las sociedades abiertas.
La desinformación no es algo nuevo. Siempre se ha practicado, con más o menos acierto. El problema ahora estriba en que los medios digitales facilitan la extensión de la desinformación con una velocidad y amplitud nunca antes conocida, y con el agravante de que quienes se informan a través de las redes sociales suelen conformar grupos cerrados e impermeables a cualquier argumento que vaya en contra de sus ideas y valores o que, simplemente, no quieran escuchar. No hay más que ver el escándalo en torno a Cambridge Analytica y su posible influencia en el referéndum sobre el Brexit, o en la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, para comprender la posición de Harding.
De hecho, la difusión en el mundo digital tanto de noticias falsas como de noticias basura, esto es aquellas que buscan la intoxicación con piezas parcialmente verdaderas que se han ensamblado de forma muy ingeniosa para disfrazar la auténtica historia, está dañando la confianza en la libertad de expresión en el seno de las sociedades abiertas. Y de eso es de lo que se valen los regímenes autoritarios para perseguir sus fines, entre ellos la desestabilización de las democracias. Por ello, Harding considera que la solución pasa necesariamente, y en primer lugar, por una medición objetiva de lo que circula por la red, con el fin de detectar qué es falso y qué es real.
Internet ha concentrado el poder en muy pocas manos, en lugar de redistribuirlo.
El problema es que Occidente sigue sin poner orden en el funcionamiento de las grandes empresas tecnológicas que sirven de vehículo transmisor de esas informaciones, a pesar de la polvareda que ha levantado el descubrimiento de que Cambridge Analytica utilizó los datos de 87 millones de usuarios de Facebook obtenidos a través de la red social. En realidad, las redes sociales se encuentran en el epicentro del problema. No cabe duda de que realizan aportaciones importantes e inimaginables hace tan solo unos pocos años. Pero también hay que tener en cuenta que causan estragos al facilitar la difusión del discurso del odio o la pornografía infantil, estimular la adicción a la pantalla o el saqueo de la privacidad con el secuestro de los datos personales, favorecer el comunalismo y la polarización. No obstante, está situación está a punto de cambiar ante la ola regulatoria que se avecina sobre las grandes empresas tecnológicas. Al menos, es lo que piensa Harding.
El origen del problema es que, en contra de lo que parece, internet ha concentrado el poder en muy pocas manos, en lugar de redistribuirlo. Sí, hay mucha gente que con sus ‘likes’ y sus opiniones pueden condicionar muchas pequeñas cosas, pero lo cierto es que la aparente gratuidad de los buscadores o las redes sociales, por poner dos ejemplos, no es tal. Por el contrario, el usuario paga a las empresas con sus datos y éstas los utilizan como quieren en función de sus intereses, incluida su venta. Y las empresas que controlan esa información son muy pocas, muy grandes y se puede decir que trabajan en régimen de monopolio, aunque no haya barreras de entrada para los posibles competidores que puedan surgirles. Como dice Harding, las firmas de Silicon Valley son demasiado ricas y poderosas como para que se las pueda domesticar fácilmente.
La solución pasa por que los gobiernos intervengan para acabar con los monopolios de los gigantes tecnológicos, o para establecer unas reglas de juego muy claras.
Ahí es dónde reside el problema. Estas empresas no controlan la información que contribuyen a difundir. No comprueban la veracidad de la misma, a diferencia de lo que han hecho toda la vida los medios de comunicación tradicionales, porque lo que quieren es contar con más y más usuarios, que son, en última instancia, la principal razón por la que generan ingresos. Aquí es donde Harding advierte de la necesidad de reconducir la situación, para lo cual considera necesario que se implante un sistema de incentivos y prohibiciones que establezca unas relaciones adecuadas entre gobiernos y tecnología para garantizar la libertad de expresión y afianzar la democracia. Y eso pasa porque los gobiernos intervengan para acabar con los monopolios de los gigantes tecnológicos, o para establecer unas reglas de juego muy claras.
Desde esta óptica, Harding considera que el Estado, si quiere, puede exigir a las empresas un comportamiento que esté al servicio del interés público, que no es otro que la defensa de la verdadera libertad de expresión. También puede intervenir como hizo el Gobierno británico en 1922, cuando decidió crear la BBC por temor a los barones de los periódicos británicos. Harding, de hecho, se felicita porque el Reino Unido cuenta con una BBC que crea un espacio público en el mundo digital, definido por unos fines concretos: un periodismo responsable, un entretenimiento distinguido, un aprendizaje permanente y una experiencia compartida de los grandes momentos de la vida nacional.
