Se habla y se escribe mucho acerca del futuro tan lúgubre que aguarda al empleo. Según las visiones más negativas de las mismas, la economía moderna va a devolver a los trabajadores a un mundo de miseria y explotación más propio de una novela de Charles Dickens que de un país desarrollado, hasta el punto de que se ha acuñado el término ‘uberización’ para referirse a la degradación de las condiciones laborales que experimentan las presuntas víctimas de un mercado laboral flexible combinado con la economía de plataformas, por poner tan solo un ejemplo.
El destino, sin embargo, no es inexorable. Digan lo que digan unos y otros, los gobiernos todavía conservan poderes suficientes como para poder revertir el curso de los acontecimientos. No es cuestión, por tanto, de posibilidades, sino de voluntades. Basta con observar el ejemplo que está proporcionando al respecto el Gobierno británico para comprenderlo.
En octubre de 2016, el Gobierno británico encargó a Matthew Taylor, director ejecutivo de la Royal Society of Arts que llevara a cabo un estudio acerca de cómo habría que cambiar las prácticas laborales para poder adaptarlas a los modelos de negocio que están surgiendo como consecuencia del cambio tecnológico. El objetivo consistía en analizar las implicaciones que tienen las nuevas formas de empleo, tanto para los derechos y responsabilidades de los trabajadores como para las libertades y obligaciones de los empresarios. Esta cuestión es importante dado que el 15% de la fuerza laboral británica se encuentra en la actualidad autoempleada y en tanto en cuanto ha crecido el número de personas que trabajos ocasionales, o ‘gig’, que consiguen a través de aplicaciones para móviles cuando quieren trabajar, por ejemplo, conduciendo automóviles, llevando y recogiendo objetos y paquetes o realizando trabajos de bricolaje. El resultado de los trabajos de Taylor y su equipo quedó recogido en el Taylor Review into Modern Employment Practices.
Este objetivo consiste en que todo trabajo en el Reino Unido debe ser justo y decente, dejando un espacio realista para el desarrollo y la realización personal.
Taylor y su equipo establecieron un objetivo fundamental para la revisión de las relaciones laborales británicas. Este objetivo consiste en que todo trabajo en el Reino Unido debe ser justo y decente, dejando un espacio realista para el desarrollo y la realización personal. Un buen empleo es importante porque cualquier concepto de justicia implica necesariamente que se asegure a todo el mundo, y en particular a las personas con rentas más bajas, que cuenta con formas de progresar en el trabajo, que tienen la posibilidad de mejorar su poder adquisitivo y que son tratadas con respeto y decencia en la empresa. Además, para mantener un buen estado de salud y bienestar, es vital para la gente no solo contar con un empleo, sino que se trate, además, de un empleo de calidad. Esto, por supuesto, representa un beneficio para los trabajadores, pero también para el interés público. De la misma forma, la existencia de empleos mejor diseñados, que hagan aflorar lo mejor de cada uno, supone una contribución muy importante para poder afrontar el desafío del bajo crecimiento de la productividad.
Por otra parte, conviene tener siempre presente que la visión del mundo del trabajo, y de la vida en general, que tienen las generaciones jóvenes, es muy distinta a la de las demás generaciones. La gente joven quiere autonomía en el trabajo, quiere tener un propósito, quiere que haya un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, ya no tienen casas ni coches en propiedad porque prefieren compartir y gastan menos en bienes y más en experiencias, según explicó Taylor. Esas son aspiraciones que conforman un concepto moderno de ciudadanía, en que la gente quiere sentir que se la respeta, que se confía en ella y que se la capacita para asumir responsabilidades.
Por último, es preciso tener en cuenta que la velocidad a la que se producen los cambios en la economía moderna, en particular en lo que se refiere a la tecnología y al desarrollo de los nuevos modelos de negocio, implica la necesidad de contar con un enfoque del trabajo que sea actual, sensible a la realidad cambiante y basado en principios de justicia duraderos.
Una vez sentados los principios básicos que definen el marco de referencia, el informe establece que el objetivo de la estrategia nacional de empleo debe ser, explícitamente, el conseguir que todo el mundo tenga un buen trabajo. Para lograrlo es preciso exigir al gobierno las responsabilidades pertinentes hasta que se consiga esa meta. En concreto, el Ejecutivo debe responsabilizarse de que de que se apliquen los mismos principios básicos a todas las formas de empleo, de que exista un equilibrio justo entre derechos y responsabilidades, de que todo el mundo cuente con un nivel mínimo de protección y de que existan vías que permitan la progresión en el mundo laboral.
El objetivo de la estrategia nacional de empleo debe ser el conseguir que todo el mundo tenga un buen trabajo.
Ahora bien, en todo ello también hay que tener una perspectiva, una visión, de largo plazo, entendiendo que el cambio tecnológico, sin lugar a duda, tendrá un impacto sobre el trabajo y sus distintas modalidades, pero también que ese mismo cambio tecnológico brinda la oportunidad de establecer una regulación más inteligente, unos derechos más flexibles y unas formas nuevas de organizar a la gente. De la misma forma, la fiscalidad sobre el empleo debe ser mucho más consecuente con las distintas formas de trabajo, al tiempo que se mejoran los derechos sociales de las personas autoempleadas.
Esta visión resulta de especial importancia cuando se tiene en cuenta que el desarrollo de la economía de plataformas ofrece oportunidades laborales a todos aquellos que no han podido conseguir un trabajo mediante los procedimientos convencionales habituales. Ese es un beneficio para la gente que debe conservarse, al mismo tiempo que se asegura un trato justo a quienes trabajan a través de esas plataformas y a quienes compiten con ellos.
En todo ello no hay que olvidar a las empresas. La regulación tiende a ponerles trabas cuando lo que necesitan ahora es que la normativa les ayude a tomar las decisiones adecuadas. En particular, debe evitarse que la regulación resulte en la imposición de costes laborales adicionales a los que ya soportan las empresas. Pero también hay que tener en cuenta que los autónomos dependientes pueden sufrir las consecuencias de una regulación asimétrica, por lo que, según el informe, es preciso contar con medidas adicionales de protección para este colectivo, al mismo tiempo que se fortalecen los incentivos para que las empresas los traten con justicia.
La regulación, sin embargo, suele acarrear bastantes problemas. El informe, por ello, entiende que la mejor forma de alcanzar los objetivos que se persiguen no es a través de la normativa, sino mediante una gobernanza corporativa responsable, una buena gestión y unas relaciones laborales fuertes dentro de la empresa que permitan a los trabajadores comprometerse con ella y ser escuchados.
Las actividades de formación formal e informal dentro y fuera del trabajo, la mejora de las condiciones de salud en el lugar del trabajo y las estrategias sectoriales que comprometan a empresarios y trabajadores a que la renta de estos últimos no se limite al salario mínimo, a que no tengan que afrontar situaciones de inseguridad respecto a su futuro laboral y a que puedan progresar en sus empleos presentes y futuros, completan el cuadro de recomendaciones del informe. Todo ello constituye un ejemplo muy claro de que, si el Gobierno ejerce sus facultades, el futuro del empleo no tiene por qué ser necesariamente lúgubre.
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