Hay una correlación prácticamente perfecta entre calidad institucional y bienestar social. Cuanto más alta es la calidad institucional, mejor funciona una economía y se crea más riqueza. Además, los países se vuelven política y socialmente más estables. Cabría esperar, por tanto, que las distintas naciones buscaran la mejora continua de su marco institucional. En España, sin embargo, esto no es así. La calidad institucional empeora día a día, con importantes consecuencias socioeconómicas.
El deterioro de la calidad institucional
Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, considera que hay dos causas principales del deterioro de nuestra democracia. La primera es el mal funcionamiento de los partidos políticos, con su afán por colonizar todas las instituciones del Estado. La otra causa es la extrema polarización política que se viene produciendo desde hace tiempo. Hay que evitar la alternativa política que significa la negación del pluralismo y de la democracia parlamentaria.
¿Qué riesgos se han extremado? Respecto del Estado democrático, el intento de lo que podría llamarse un despotismo parlamentario, la democracia de la mayoría en vez de la democracia de consenso. Se dice constantemente que la mayoría política es soberana y, por tanto, puede hacer lo que quiera. Pero resulta que, en una democracia constitucional, no hay nadie más soberano que el pueblo. Todos los poderes tienen limitado su poder. Por eso vivimos bajo una Constitución.
Calidad institucional y legislación
Se ha exacerbado el dominio del decreto ley sobre la legislación. Más del 70% de la legislación se produce por decreto ley, muchas veces llamados ómnibus porque es imposible apoyar o rechazar algo tan heterogéneo. Es decir, el Parlamento se limita simplemente a dar al botón por unos parlamentarios que, por disciplina de partido, están dispuestos a hacerlo como se les diga.
La forma parlamentaria del Gobierno se ha deteriorado todavía más. El control parlamentario es casi inexistente. La calidad de las leyes es penosa, con graves riesgos para la seguridad jurídica. Los procedimientos legislativos y parlamentarios se han perturbado de tal modo que se están utilizando proposiciones de ley fraudulentas, enmiendas fraudulentas, etc.
El sistema autonómico
El Estado autonómico ha caído en una fase de mayor declive. Se intentan tambalear las bases del Estado autonómico, introduciendo rasgos confederales, oficiando derechos de autodeterminación, privilegiando a unas comunidades autónomas sobre otras. El Estado de Derecho está muy maltrecho. Se ha agudizado la ofensiva sobre el poder judicial. Nos queda un pilar, nuestra monarquía parlamentaria. Un pilar importante. Pero como es un pilar importante, está puesto en el punto de mira de todos sus enemigos.
Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Una llamada a los grandes líderes políticos, a los grandes partidos, para que vuelvan a la lealtad constitucional. Se pueden hacer reformas legales, reforma de la ley electoral, de la ley de partidos, de los reglamentos de las Cámaras para mejorar el control parlamentario. Pero esas reformas hay que hacerlas con mayorías parlamentarias, en el Congreso y en el Senado. Ahora mismo, la mayoría parlamentaria en el Congreso no está dispuesta a este tipo de reformas legales.
Confianza en los ciudadanos
Nos queda también la confianza en los ciudadanos. Hay una parte de la sociedad española que parece que ha aceptado la servidumbre voluntaria, pero eso puede cambiar. Después, la llamada a Europa, por ejemplo, la amnistía, que es contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea.
Jesús Banegas, presidente del Foro de la Sociedad Civil, recuerda que durante el medio siglo previo a 2007, España disfrutó de un notable crecimiento que nos hizo converger con Europa. ¿Por qué se ha producido esto? Pr nuestra el deterioro de la calidad institucional, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Por políticas anti empresariales, que han conllevado caídas de la inversión privada. Por una educación cada vez más alejada del mercado de trabajo.
El marco laboral español, con todos los gobiernos, es especialmente malo: rigidez, convenios sectoriales, el despido más costoso de entre los países con los que competimos. En España está casi inhabilitado el trabajo a tiempo parcial. Somos el único país de Occidente donde la prestación al desempleo está incondicionada, es decir, si un trabajador en paro recibe una oferta de trabajo, la puede rechazar y si no participa en cursos de formación de oficios con futuro, no pasa nada. En Europa, quien no asiste a un curso de formación o no acepta una oferta de trabajo, está interrumpiendo el contrato que tiene con el Estado y deja de percibir la subvención y España es el único país de Europa que duplica el desempleo medio de nuestros vecinos.
¿Alguien ha escuchado alguna vez a algún miembro del Gobierno utilizar la palabra productividad? En lo que va de siglo, la productividad española ha descendido un 7%, el peor dato de toda la OCDE. El país que más ha visto crecer la productividad es Estados Unidos, con un más 16,5%.
Respecto a la fiscalidad, en el periodo 2019-2022 la presión fiscal española aumentó 14,5 veces más que la media de la UE. España incrementó la presión fiscal en ese periodo un 2,9 y la media de la UE un 0,2. Los países más ricos la disminuyeron.
Desde 2007, España es el país que más ha aumentado la deuda pública, dentro de la UE y en la OCDE, sobre nuestro PIB: 2,6 veces. Esta deuda pública detrae inversión privada, que no se recupera hasta los niveles prepandemia, afectando al trabajo y a la productividad, todo un círculo vicioso del que costará mucho salir.
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