Cuando el Título VIII de la Constitución estableció dos vías para que las distintas regiones españolas pudieran acceder a la autonomía, el espíritu último es que todas ellas, tarde o temprano, pudieran tener el mismo nivel de competencias y no hubiera desigualdades entre ellas en este sentido. Sin embargo, la Disposición Adicional Primera de nuestra Carta Magna quiebra ese principio al consagrar los derechos históricos de los territorios forales, a la sazón el País Vasco y Navarra. Y de ahí surge un privilegio territorial inicial que ahora se quiere extender también a Cataluña, lo cual es un problema.
Tal y como explica Jesús Fernández-Villaverde, Howard Marks Presidential Professor of Economics y director de la Penn Initiative for the Study of the Markets en la Universidad de Pensilvania, el Estado moderno es un Estado fiscal, que se estructura alrededor de su sistema fiscal. Por tanto, si se cambia el sistema, se cambia el Estado porque se altera uno de sus elementos esenciales. En este sentido, el problema de los sistemas forales que ampara la Constitución, que se basan en el denominado “cupo”, es que generan una situación de exceso de financiación para el País Vasco y Navarra respecto al resto de comunidades autónomas. Este sistema genera una mayor financiación pública por habitante en estos territorios, tanto autonómica como estatal, mientras que su contribución fiscal al sostenimiento del Estado es menor de lo que el Estado gasta en ellos. Y si esta esta situación ya es de por sí injusta, ahora podría extenderse también a Cataluña mediante una financiación singular que resulta de acuerdos políticos coyunturales. Esta situación rompería muchos de los principios de igualdad y equidad que establece la Carta Magna y, por supuesto, el de solidaridad interterritorial.
Por eso, un cambio del sistema de financiación autonómica no se puede hacer con las prisas que impone la necesidad del Gobierno de alcanzar unos objetivos políticos coyunturales, básicamente, la permanencia en el poder. Y esto es así porque España resulta ser uno de los países con mayor descentralización territorial del mundo, más, incluso, que los que se reconocen explícitamente como países federales.
Para comprender mejor las cosas, es preciso echar un vistazo a la distribución del gasto público en España. De cada cien euros que gasta el conjunto de administraciones públicas, 32,5 euros financian las pensiones, 33 los gastan las autonomías, la Administración General del Estado gasta 24 y las corporaciones locales 11,5 euros. Como se puede ver, el principal agente de gasto público son las autonomías. Además, de los tres millones de empleados públicos, 530.000 trabajan para la administración central (incluye policía, militares, justicia) y 1,9 millones para la autonómica. Así es que la pregunta es por qué las autonomías gastan tanto.
Para responder a esta cuestión hay que volver a mirar en los números. Las autonomías suministran los servicios de tres de los cuatro pilares del Estado del bienestar. Lo único que no hacen es pagar las pensiones. Así, de cada cien euros de gasto autonómico total, cuarenta y uno van a sanidad, 24 a educación, doce a otros servicios sociales y 23 al resto de partidas de gasto. Teniendo en cuenta que el gasto social representa más de la mitad del gasto público en España, y que las autonomías tienen transferidas las competencias en sanidad y educación, se comprende por qué gastan tanto.
Pero, como se puede apreciar también al analizar la estructura del gasto de las CCAA, es que cuando se habla del sistema de financiación autonómica, se está hablando de la estructura básica del Estado del bienestar. Y aquí aparece la injusticia que representa el sistema del cupo. Este sistema permite que el País Vasco pueda tener un gasto público de 6.600 euros por habitante frente a los 3.100 de Andalucía o los 3.800 de Cataluña. Y eso tener en cuenta las transferencias del Estado, o que el déficit del sistema de pensiones vasco lo financia el Estado español a través de la caja común de la Seguridad Social. Esta situación va en contra de lo que se pretende con el sistema autonómico, en el cual las regiones de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra- lo que buscan es que los servicios públicos esenciales sean iguales en toda España. Este principio se quiebra debido a la existencia del cupo, que privilegia a las haciendas forales frente al resto de haciendas autonómicas.
Por el lado de los ingresos también hay privilegios y discriminaciones. Las comunidades de régimen común tienen cedido el 50% de la recaudación del IRPF y del IVA consumido en la comunidad, junto con el 58% de los impuestos especiales. El sistema genera ciertas desigualdades, debido a las diferencias de gasto y renta entre autonomías. Para evitar esta situación, el sistema también incluye varios fondos de nivelación, que actúan como elementos compensadores en términos de ingreso.
En cambio, el régimen foral consiste en que las cuatro haciendas forales -Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra- recauden el cien por cien de los impuestos en su territorio. Después, envían una cantidad de dinero al Gobierno central, el cupo, por los servicios que les presta España. Esa cantidad no se determina mediante un cálculo científico, sino que es fruto de una negociación política que siempre favorece a las haciendas forales. Y el resultado es su sobre financiación.
Con el sistema de financiación autonómica, Madrid y Cataluña tienen lo que tienen que tener. El problema de Cataluña, por tanto, no es de insuficiencia de ingresos, sino que gasta 15.000 millones anuales más que Madrid. Además, tiene un problema de crecimiento económico muy grave, como resultado de sus malas políticas económicas, lo que reduce la capacidad de recaudación de la hacienda catalana. Pero esto es un problema de política, no de financiación. Y para resolverlo, lo que ahora quiere Cataluña es un sistema como el cupo vasco que les permita quedarse con más recursos y aportar menos a España, en vez de resolver los problemas que ella misma se crea. Esa puede ser la solución a corto plazo para Cataluña, pero va a ser un verdadero problema para España.
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