La calidad de la regulación se ha convertido en un elemento fundamental para las empresas. Una regulación inteligente favorece la competitividad. La que no lo es, por el contrario, puede entrañar costes adicionales que socaven la capacidad de competir. Pero ¿qué es una regulación inteligente? ¿Por qué es necesaria?
La necesidad de una regulación inteligente
Juan Mora Sanguinetti, economista titulado del Banco de España, explica que la regulación de los mercados es necesaria para la economía. Lo es porque ayuda a mitigar los fallos del mercado y reduce los costes de transacción. Es una guía del comportamiento de los agentes económicos. Ahora bien, si no está bien diseñada, podría generar efectos negativos.
Una fuente de ineficiencia es que sea excesivamente compleja porque la cantidad de normas sea excesivamente grande. También puede serlo porque las normas tengan demasiados enlaces entre ellas. O porque sean difíciles de entender porque hagan referencias a otras normas. O porque tengan un lenguaje complejo o confuso.
Excesos normativos
Otra causa de ineficiencia es el volumen regulatorio. Entre los años 1979 y 2020, se han aprobado casi cuatrocientas mil normas en España. Además, la regulación está muy disgregada. De hecho, más del 75% proviene de las administraciones autonómicas.
En promedio, las normas contienen once enlaces a otras normas. Dentro de las autonomías hay una gran diversidad en este sentido. En Aragón, la media de enlaces es de dieciocho, mientras que en Navarra es solo de tres. A nivel lingüístico, la normativa actual está a un nivel que se considera difícil de leer.
Regulación autonómica
Cataluña es la autonomía que suele producir más normas, con el 12% del total de la normativa autonómica. Andalucía y Castilla y León producen el 8% cada una de ellas. Extremadura, en cambio, solo produce el 5% y Cantabria nada más que el 3%. Ahora bien, estos porcentajes hay que matizarlos, porque Cataluña y Andalucía son las comunidades más pobladas. También están entre las que tienen más PIB.
Por lo que se refiere a la complejidad relacional, Asturias y Navarra tienen las regulaciones menos complejas. Aragón y la Comunidad Valenciana, por su parte, cuentan con las más complejas.
Más regulación, menos empresas
Un mayor volumen de regulación se relaciona negativamente con el número de empresas en España. Una mayor regulación esperada por las empresas se relaciona negativamente con la capitalización empresarial esperada. La complejidad relacional y lingüística genera impactos negativos en la productividad y la eficiencia judicial.
Para Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, hay varios elementos que explican la ineficiencia regulatoria. Entre ellos están el modelo educativo, el mercado laboral y las barreras burocráticas. El marco regulatorio obtiene una calificación muy negativa, muy alejada de Alemania cuyo modelo territorial es muy parecido al español. Esto es un lastre para la creación de empresas y el aumento de la dimensión empresarial. La empresa no tiene capacidad para hacer frente a los costes regulatorios derivados de su mayor tamaño. Esos costes, además, reducen su capacidad de financiación. Esa capacidad es esencial para seguir impulsando su crecimiento y generando nuevos modelos de negocio.
Dificultades para la empresa
La regulación autonómica crea más barreras de entrada. Esto dificulta que las empresas puedan aplicar sus modelos de negocio en otras comunidades autónomas. También va en contra de la unidad de mercado, de la seguridad jurídica.
La normativa debe basarse en la colaboración público-privada. Si las empresas y la sociedad civil no son interlocutores, la regulación suele ser ineficiente. La regulación tiene que estar más enfocada a que aparezcan nuevas empresas, a que crezcan.
Tecnología y regulación inteligente
Para Marta Cantero, profesora de Derecho de CUNEF, la regulación influye en las decisiones de las empresas sobre donde instalarse. Es un impacto muy fuerte a largo plazo.
Más en concreto, en el sector tecnológico hay toda una serie de desafíos regulatorios. El primero de ellos es propio de este sector. Las reglas existentes no fueron diseñadas para las necesidades actuales debido al desarrollo de la tecnología. Esto supone una dificultad añadida para la aplicación de las normas. En las empresas se traduce en una incertidumbre jurídica que genera unos costes de adaptación al sistema regulatorio.
Problemas conceptuales
Los propios conceptos tecnológicos no están claros, lo que supone un problema a la hora de trasladarlos a la legislación. Por tanto, resulta difícil definir y aplicar nuevas reglas si no se conoce la tecnología que se pretende regular. Esto da lugar, además, a incompatibilidades conceptuales porque no se puede determinar qué tipo de normas se debe aplicar. Asimismo, conlleva a tener que definir qué tipos de concepto hay que aplicar, porque la terminología no es la adecuada.
Las nuevas tecnologías también están alterando elementos legales existentes, como la propiedad, la responsabilidad, la función y el papel de los contratos. Tampoco hay consenso a la hora de definir los valores que van a determinar la regulación de la tecnología. Existen multitud de valores y pueden ser incompatibles entre sí. Por ejemplo, la creatividad frente al uso seguro de la tecnología. El conflicto más evidente y con más ramificaciones es la neutralidad tecnológica frente a la seguridad jurídica. Estos problemas no son exclusivos del legislador español.
¿Cómo debe ser la regulación?
A partir de ahí ¿hay que facilitar la aparición de nuevas tecnologías o limitar su uso? Lo que sí es cierto es que hay que adecuarse mejor a las necesidades de las empresas y de la inversión. Esto es esencial porque España no es una economía puntera en capital tecnológico. Un ejemplo es el impuesto sobre determinados servicios digitales, que no se va a exigir hasta el mes de julio. No obstante, ¿por qué no se ha esperado a una iniciativa regulatoria a nivel internacional? Este periodo de transición exige a las empresas tener que adaptarse a estas normas. ¿Cuál es el efecto recaudador sobre las actividades que se van a gravar durante este breve periodo? ¿Ese efecto va a compensar el efecto de espantada debido a la aplicación de esta norma?
Otro problema es la duplicidad administrativa de España, que no existe en Alemania. En la economía colaborativa no se puede regular la misma actividad de manera diferente, dependiendo de si se actúa en Cataluña o Madrid. La plataforma puede ser el instrumento que facilite la aplicación de las normas. Puede ayudar al legislador a monitorizar el cumplimiento de las normas en vez de espantar a los agentes de nuestro mercado.
En último término, las reglamentaciones técnicas imponen limitaciones en la forma en que los productos se comercializan en un determinado territorio. Estas normas tienen un impacto en cómo otras empresas pueden vender sus productos dentro de nuestras fronteras. No permite materializar la libre circulación de bienes y servicios. La regulación, por tanto, no solo tiene que ser inteligente, sino también eficiente.
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