La crisis del COVID-19 ha colocado a la Unión Europea (UE) en el centro de las estrategias nacionales para superarla. Los Estados miembros piden ayuda. Unos abogan por coronabonos. Otros, por un sistema de préstamos a los países con dificultades. Otros más, por la creación de un fondo de reconstrucción. ¿Qué puede hacer la UE en este caso? ¿Qué está haciendo? Luis Garicano, eurodiputado y vicepresidente de Renew Europe, lo explica.
La economía de la UE se contrae
El COVID-19 está produciendo una contracción de la economía de la UE.
La oferta cae porque la producción se ha frenado en seco en casi todos los sectores. La gente que no trabaja se queda en casa, con lo que su demanda se reduce. Y como se reduce la demanda, la oferta decrece aún más. Para hacernos una idea de lo que esto supone, basta con citar dos cifras para España. El gasto nacional ha caído el 60% y el gasto extranjero el 100%.
Esas fuertes caídas de la oferta y la demanda afectan a los ingresos públicos. Los gobiernos tienen que afrontar mayores gastos en sanidad, prestaciones sociales y ayuda a las empresas. Y tienen que hacerlo con mucha menos recaudación impositiva. Así es que no les queda otra que endeudarse fuertemente. En España, el saldo vivo de deuda pública va a incrementarse en más de veinte puntos de PIB.
Tres escenarios para la UE
¿Cuánto tiempo durará esta situación? Los expertos prevén tres escenarios para la UE. El escenario central estima que la economía repuntará en la segunda mitad del año. Pero eso depende de que el confinamiento termine en verano, haya distanciamiento social, se viaje menos y se teletrabaje. Además, depende también de que se pueda controlar un rebrote si se produjera en otoño. El peor escenario sería que volviera el confinamiento en invierno porque no se controlara el rebrote. Entonces habría otra caída del PIB. Pero si el virus muere, la situación entonces mejoraría rápidamente porque todo volvería a la normalidad. Este es el tercer escenario, el positivo.
A la hora de tomar sus decisiones, los gobiernos de la UE se han marcado unos objetivos claros de política económica. Tenían ante sí dos opciones. Si dejaban que la enfermedad siguiera su curso, sería malo para la salud, pero la recesión sería más suave. Si, por el contrario, combatían la enfermedad, sería bueno para la salud, pero la recesión sería más profunda. Esta última ha sido la opción elegida por muchos de los países. Su objetivo ha sido proteger la salud y tener una recesión en V, como ha pasado en China.
Personas, empresas, bancos
Las decisiones de política económica adoptadas en este contexto por los países de la UE tratan de responder a tres problemas. El primero es que el flujo de renta de los hogares a los negocios se para porque el gasto cae. El segundo es que se detiene también el flujo de sueldos y salarios porque las empresas no producen. El tercero es la congelación del crédito a las empresas ante el crecimiento drástico del riesgo de impago. De ahí derivan tres líneas de actuación. Por un lado, hay que proteger a los trabajadores y sus ingresos, incluso estando en cuarentena y quedándose en casa. Por otro, hay que garantizar la liquidez de las empresas. En último lugar, hay que apoyar al sistema financiero para que no se hunda. Esas tres cosas son las que han hecho los gobiernos en estos meses.
El impacto de la crisis sobre los países difiere mucho de unos a otros. El grado de intensidad depende de la estructura económica de cada uno de ellos. En España, el 70% de los trabajos no se pueden realizar desde casa. Esto se debe al gran peso que tienen en el PIB el comercio, los viajes, el turismo y la hostelería. A ello hay que añadir el parón en la construcción y las actividades de ocio y cultura. Todos estos son los sectores en los que el empleo se ha visto más afectado.
La vulnerabilidad de España
A causa de ello, España es el tercer país más vulnerable a la crisis del COVID-19. Y es que los empleos que se mantienen son los de salarios más altos. En cambio, se mantienen muy pocos de salarios bajos. En consecuencia, la tasa de paro es más alta en los tramos de renta más bajos. Estas personas son las que tienen menos capacidad económica para sobrevivir.
Ante esta situación, los gobiernos han dado tres tipos de respuestas. Han adoptado medidas relacionadas con el mercado laboral para proteger a las personas. Han puesto en marcha medidas fiscales y financieras para ayudar a las empresas. Y han proporcionado liquidez a los bancos para que faciliten el acceso al crédito.
Tres líneas de defensa
La UE, por su parte, tiene tres líneas de defensa. La primera es el Banco Central Europeo, que ha podido actuar con gran agilidad. El BCE no puede financiar directamente a los gobiernos, pero sí puede poner en marcha programas de compra de activos. Es lo que ha hecho. Así, ha lanzado un nuevo programa de compra de deuda por 870.000 millones de euros. El programa estará en vigor hasta diciembre de 2020. De no haber tomado esta decisión el BCE, se podría haber entrado en una espiral de deuda. Esa situación, de producirse, podría dar lugar a una crisis económica terrorífica. El problema es que el dinero se va a acabar antes de lo previsto, porque el BCE está comprando más deprisa de lo que pensaba. Además, la sentencia reciente del Constitucional alemán ata bastante las manos al BCE. Esto sume a la política monetaria en una gran incertidumbre.
La segunda línea está conformada por tres instrumentos. En primer lugar, el Eurogrupo ha aprobado un programa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para dotar de liquidez a las empresas. Segundo, ha autorizado el programa SURE de la Comisión Europea para proteger a los trabajadores y las empresas. Tercero, ha facilitado el acceso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para financiar programas sanitarios.
Plan de recuperación y reconstrucción
La tercera línea de defensa es un plan de recuperación y reconstrucción. Los países del norte lo rechazan porque no quieren mutualizar la deuda. Tienen cierta razón, porque carecen de capacidad decisión sobre lo que hacen España o Grecia con el dinero. Los tratados de la UE también dificultan el conseguir que se compartan las deudas. Teniendo en cuenta esto, Garicano propone la creación de un fondo europeo para la reconstrucción en forma de préstamos. Se financiaría con una emisión de deuda conjunta de la UE a largo plazo. Los intereses que generase se pagarían con cargo a fondos propios de la Unión Europea que procederían de recursos «verdes y digitales».
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