Uno de los grandes problemas a que se enfrentan todos los países es la lucha contra el cambio climático. El éxito pasa porque los gobiernos apuesten por la descarbonización de la economía. Esta estrategia implica, fundamentalmente, una transición energética hacia sistemas más limpios que está plagada de retos.
El plan del Gobierno
El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética pretende ser la herramienta para abordar esos desafíos. Se trata de un plan nacional integrado de energía y clima. El texto concreta objetivos y medidas que todos tienen que llevar a cabo, incluidos los ciudadanos. Y es que su aplicación implica, necesariamente, la modificación de usos, costumbres, procedimientos y comportamientos de todos los implicados.
El primer reto consiste en la ambición de los objetivos que establece el texto. Esos objetivos son más ambiciosos que la media europea. Según Jorge Sanz, director asociado de Nera Economic Consulting, tanta ambición puede ser excesiva para la economía española. ¿Por qué? Pues porque, como explica Sanz, una parte de la transición va a tener que hacerse a costa de exprimir el bolsillo de los españoles. Veámoslo.
El coste de la transición energética
El cambio tecnológico que vivimos afecta también a la energía. La descarbonización a que dé lugar ese cambio nos saldrá gratis, porque es consustancial a él. Pero la parte de la descarbonización que no proceda del cambio tecnológico tendrán que financiarla los españoles. El sacrificio que habrá que hacer será grande en términos de pérdida de bienestar, indica Sanz. Sobre todo, si los objetivos están por encima de la media europea. Para apreciarlo mejor, conviene tener en cuenta que la renta per cápita española se sitúa en el 92% de la media europea. Además, si no se produce un cambio tecnológico muy potente, no seremos capaces de cumplir con el plan de descarbonización. Por eso, concluye Sanz, el esfuerzo tiene que ser equilibrado, acorde con nuestras posibilidades.
Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el coste de no hacer nada es muy superior al de hacerlo. Lo recuerda Jordi Sevilla, presidente de Red Eléctrica. Y María Fernández, vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estima factible el lograr una inversión de cien mil millones en renovables, y de cuarenta mil millones en redes, tal y como prevé el plan. En cambio, el objetivo de invertir sesenta mil millones en eficiencia energética es más discutible. ¿Razón? Pues que implica modificar el comportamiento de los consumidores. Y eso no es tan sencillo.
Las debilidades del plan
Un segundo problema es el de las reformas estructurales que deben acompañar a la transición energética, en particular la reforma fiscal. En el plan del gobierno, las reformas brillan por su ausencia. También han desaparecido las prohibiciones. Por ejemplo, la de matricular vehículos contaminantes a partir de 2040. O la de utilización de calderas de carbón. Todo se centra en el cambio tecnológico, advierte Sanz. Este es el factor tractor de todo el plan, que va a permitir inversiones en el sector privado y movilizar recursos públicos. Pero eso solo será posible si el cambio tecnológico genera más recursos económicos. Esto hace que el plan sea muy vulnerable si ese cambio no se produce como dice el gobierno. Al final, comenta Sanz, la pregunta es si el gobierno va a ser capaz de movilizar 5.000 millones de euros anuales con una deuda pública del 97% del PIB, con un déficit presupuestario al límite de lo que permite Bruselas y con el problema de la financiación de la Seguridad Social.
Además, la forma más barata de descarbonizar es apostar por las renovables eléctricas, que ahora mismo nos salen gratis, indica Sanz. Las renovables no eléctricas, en cambio, no son competitivas y resultan contraproducentes para la lucha contra el cambio climático. La otra vía de descarbonizar es el ahorro energético, pero, en promedio, hacer esto es infinitamente más caro que apostar por las eléctricas, advierte.
Retribución insuficiente
Las preocupaciones de Jordi Sevilla se centran, más bien, en si las administraciones públicas van a estar a la altura de las circunstancias. La transición energética requiere de una movilización muy importante de recursos que necesita coordinarse para que sea eficaz y rentable, en unos plazos orientativos. La cuestión es si la administración es capaz de dar permisos para hacer lo que hay que hacer en plazo y forma. Dicho de otra forma, si es capaz de acortar los plazos a la mitad.
Por último, está la cuestión de la retribución de las inversiones que hay que hacer. En este sentido, Jordi Sevilla criticó la tasa de retribución del 5,58% que establece el anteproyecto, por considerar que no es suficiente. De aquí al 2030, dijo, Red Eléctrica va a tener que invertir 7.000 millones de euros, que vamos a tener que pedir al mercado. Por tanto, hay que tener una retribución que haga creíble la inversión necesaria.
Jorge Sanz indica, al respecto, que la metodología de cálculo que se ha aplicado es mejor que la que existía antes. Ahora bien, ese método tiene márgenes de discrecionalidad. La sensación es que se han utilizado esos márgenes para que el resultado sea un número bajo.
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