Las guerras napoleónicas tuvieron consecuencias dramáticas para la economía española en el corto plazo pero, en el largo plazo, supusieron una transición hacia la sociedad liberal. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, Leandro Prados de la Escosura y Carlos Santiago-Caballero.
La guerra peninsular (1808-1814) tuvo un impacto demográfico más elevado que cualquier otro conflicto armado de la era moderna, incluyendo las guerras civiles. Los agricultores sufrieron la confiscación de sus cosechas y la destrucción de su principal activo de capital: el ganado. Además del daño producido a la agricultura, la reducción de la demanda, la interrupción del comercio internacional y doméstico, y la escasez de inputs dañaron tanto la industria como los servicios.
La pérdida de las colonias de América, consecuencia de la invasión francesa, dañó seriamente al régimen de la monarquía absolutista, al tener como resultado también la contracción de los ingresos públicos del exterior (ganancias por aranceles y remesas del comercio con las colonias).
Los impactos directos de las guerras son difíciles de calcular y sus consecuencias se distribuyeron de forma irregular entre regiones. Las pérdidas de población militar se estima en 300.000 vidas, mientras que el mayor número de muertes ocurrieron, sin embargo, entre la población civil, como consecuencia de la falta de alimento y la difusión de enfermedades.
En el largo plazo, sin embargo, las guerras napoleónicas desencadenaron el desmantelamiento de las instituciones y grupos de interés del antiguo régimen. Por ejemplo, se eliminaron tasas religiosas, como el diezmo, que representaba el 10% de la producción, y se procedió a la desamortización, confiscando y poniendo a la venta pública tierras propiedad de instituciones comunales y religiosas. Liberados de su coacción, el país inició una larga y dolorosa transición hacia la sociedad liberal.
La revolución liberal trajo consigo la re-definición de los derechos de propiedad, que cambiaron el estatus de la población de súbditos a ciudadanos iguales ante la ley, la liberalización de los mercados de mercancías y factores productivos, así como el control parlamentario de los ingresos y del gasto público. Asimismo, se eliminaron los gremios que limitaban la participación de la mujer y de los no afiliados en las actividades industriales, y se eliminó el mayorazgo.
Las guerras napoleonicas pueden considerarse catalizadoras del desarrollo de políticas económicas liberales, incluso bajo el mandato absolutista y, por tanto, un punto de inflexión en la historia española.
