Durante 17 años, el profesor Juergen B. Donges nos obsequió en la Fundación cada semestre con una Conferencia Magistral en la que pudimos comprender, con su mirada alemana tan mediterránea, las vicisitudes de las economías española, europea y mundial. Sirva esta última conferencia, y la obra que se adjunta “Economía y política económica en el pensamiento del profesor Juergen B. Donges 2003-2021”, como tributo a su legado y como emocionado reconocimiento y recuerdo a quien acompañó desde sus primeros años el devenir de ésta, su Fundación, profesor Donges. Descanse en Paz.
¿Cómo debe ser la política económica después de la pandemia? Las políticas monetaria y fiscal para afrontar el Covid-19 han sido marcadamente expansivas. Ahora necesitan cambiar de signo para que la recuperación sea sostenible.
Qué hay que cambiar en la política económica
Las principales instituciones internacionales creen ver la luz al final del túnel y apuestan por la vuelta al crecimiento. La cuestión es si esas previsiones se basan en la realidad o vienen condicionadas por el hastío de la pandemia. Porque lo cierto es que aún persiste una gran incertidumbre sobre la evolución del virus a raíz del surgimiento de nuevas variedades. Por eso, las previsiones actuales pueden verse revisadas en cualquier momento, de forma notable, al alza o a la baja. A partir de ese punto cabe preguntarse qué debe cambiar en las políticas monetaria y fiscal.
¿Qué se puede decir de la política económica? De momento, los principales bancos centrales mantendrán su política monetaria ultra-acomodaticia. Con ello, pretenden mantener bajo control las primas de riesgo de la deuda pública. Además, quieren evitar que los problemas de liquidez de muchas empresas deriven en un aumento de la morosidad que afecte negativamente a la banca. Los problemas anteriores, de producirse, abortarían la recuperación económica.
Vuelta a la normalidad
Dicho esto, el BCE tiene que estudiar cuándo y cómo devolver la normalidad a la política monetaria. Es algo que no se puede aplazar indefinidamente porque los efectos colaterales son demasiado graves. Esos efectos derivan de la distorsión en la asignación del capital a fines productivos que provocan los tipos de interés tan bajos. También, de la penalización del ahorro individual y de los riesgos para el sistema bancario de cambios en los tipos de interés. Sin olvidar la inflación de activos financieros e inmobiliarios, la cual puede hacer peligrar la estabilidad del sistema financiero.
Una cosa que no preocupa a los responsables de la política económica es que las masivas inyecciones de liquidez puedan derivar en inflación. Pero deberían preocuparse por ello. Gran parte de la expansión monetaria que han aplicado los bancos centrales no es necesaria para realizar transacciones económicas. Simplemente, está aparcada en los bancos, que no encuentran suficientes oportunidades para otorgar créditos a empresas y hogares. Ahora bien, cuando se supriman las actuales restricciones sanitarias, aumentará el gasto de consumo duradero, hasta ahora reprimido. Esto repercutirá en los precios. Además, el envejecimiento de la población provocará subidas salariales significativas que incidirán en el nivel de precios. Y los precios energéticos podrían tender al alza de forma permanente, debido a las medidas contra el cambio climático o a decisiones de la OPEP.
Política económica e inflación
Esto no tiene por qué crear automáticamente un proceso de inflación sostenida. Todavía existe una elevada capacidad de producción ociosa. Pero, tarde o temprano, los efectos inflacionarios actuales podrían mostrarse más permanentes, dado el exceso de dinero creado por los bancos centrales. Esto podría elevar las expectativas de inflación de los agentes económicos.
En ese caso, la política económica, a través del banco central, podría tener que enfrentarse a un dilema muy serio. Si trata de contener la inflación, la red de seguridad que ha creado para el Estado y las empresas, mediante condiciones financieras atractivas, se vendría abajo. Esto causaría importantes dificultades financieras para los deudores soberanos y privados y pondría en peligro la viabilidad del sistema financiero. Si, por el contrario, no se toman medidas contra la inflación, ésta se aceleraría. Entonces, se convertiría en un impuesto subrepticio grave sobre los patrimonios y los ahorros. También beneficiaría a los deudores, especialmente a los Estados, y causaría todo tipo de distorsiones en el sistema de los precios relativos. Todo ello acabaría por frenar el crecimiento económico y la creación de empleo. En consecuencia, más vale prevenir que curar.
La política económica del BCE
El problema es que, ahora, el BCE está redefiniendo su objetivo de estabilidad de precios, siguiendo el modelo adoptado por la Reserva Federal. El objetivo sería, no una inflación ligeramente por debajo del 2% a medio plazo, sino un objetivo de promedio de inflación. Esto quiere decir que, después de varios años con una inflación inferior al 2%, el BCE podría tolerar una superior a esa cifra. Eso es lo que implica el promedio. Esto reduciría la fiabilidad y previsibilidad de la política monetaria. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se mantendría la inflación por encima del 2%? ¿Cómo y a qué coste se reduciría? ¿Podría resistir el BCE las presiones políticas para no subir los tipos de interés, aunque las circunstancias lo aconsejen? ¿O para no poner fin a los programas de compra de bonos, que suponen una extralimitación de su mandato?
Además, está la cuestión de si el BCE debería perseguir otros objetivos de la UE, como el pleno empleo y la sostenibilidad ecológica. Pero lo cierto es que no podría hacerlo de forma eficaz. El nivel de empleo depende, en primer lugar, de la política salarial, que es cosa de sindicatos y patronales. A su vez, la sostenibilidad ecológica viene dada fundamentalmente por el precio de las emisiones de CO2 en combinación con regulaciones medioambientales. Pero eso es algo que está en manos de los Gobiernos. El BCE, por tanto, debe concentrarse en velar por la estabilidad de precios en la Eurozona.
El problema de la deuda pública
La cancelación de la deuda pública que el BCE ha ido atesorando en los últimos años es algo que estaría fuera de lugar. Esto sería ilegal porque equivaldría a una financiación de los presupuestos estatales por parte del BCE. El Tratado de la UE y los Estatutos del BCE prohíben explícitamente semejante extremo. Además, sería contraproducente porque debilitaría los incentivos para reformas estructurales inexorables. Por último, suscitaría el temor entre los inversores a una quita de deuda a su costa, lo que incrementaría las primas de riesgo y pondría en dificultades a los países muy endeudados, como Italia y España.
Por lo que respecta a la política fiscal, los Gobiernos seguirán utilizando este ejercicio todo su arsenal para contener los efectos contractivos de la pandemia. Como consecuencia, el notable desequilibrio en las cuentas públicas nacionales empeorará. Esto puede complicarles las cosas a los gobiernos en términos de márgenes fiscales para sus políticas. La Comisión Europea, por ello, debe presionar a los Gobiernos a que, una vez afianzada la recuperación económica, apliquen medidas contundentes de consolidación fiscal.
La recuperación económica
Con la recuperación económica mejorará la recaudación tributaria, lo cual facilitará las cosas. Pero no por eso desaparece el reto de controlar el gasto público improductivo y estructural. Es decir, serán necesarios superávits primarios significativos durante bastantes años. El gasto público, si aumenta, solo debería hacerlo a un ritmo inferior al del crecimiento del PIB. Las transferencias que otorgue el Fondo Europeo de Recuperación post-pandemia deben destinarse a proyectos con un valor añadido para Europa significativo y un alto multiplicador. Por ejemplo, en las áreas de la digitalización, del medio ambiente, de la sanidad.
Aunque los apoyos fiscales no se puedan retirar prematuramente, hay que evitar que las medidas perduren por demasiado tiempo. También hay que evitar que mantengan en el mercado a empresas no viables por carecer de un modelo de negocio con futuro. Por último, hay que impedir que distorsionen la competencia y obstaculicen los necesarios cambios estructurales en la producción y el empleo. Otro tanto cabe decir de las prestaciones por desempleo. Si se prorrogan una y otra vez, como viene ocurriendo, los incentivos para buscar trabajo se reducen. Esto no solo supone un coste fiscal insostenible, sino que incrementa el paro de larga duración. Además, lastra el potencial de crecimiento de la economía. La política económica debe resolver esta cuestión.
Aumentar la productividad
Con el fin de fortalecer el grado de resiliencia de las economías es indispensable aumentar la productividad total de los factores. La clave es el progreso tecnológico con innovaciones en procesos y productos. Para ello se precisa investigación básica en la universidad y los centros especializados. Pero también es esencial una inversión continua en I+D en las empresas. Además, se necesita capital riesgo y emprendedores innovadores. En todos estos ámbitos, Europa va por detrás de Estados Unidos. La política económica debe tenerlo en cuenta.
El mayor potencial para acelerar los avances en la productividad reside actualmente en la digitalización, una tecnología que se puede aplicar en numerosos sectores con costes fijos y costes de información muy bajos. Para que se extienda con rapidez es imprescindible el aumento de la inversión pública en infraestructura digital. También la erradicación de trabas burocráticas para su uso. Paralelamente, hay que promover la digitalización en la Administración Pública y la sanidad. Y es indispensable que la adquisición de conocimientos digitales sea una asignatura clave en colegios, universidades y programas de aprendizaje dual y de formación continua de los trabajadores.
Acceda a las Conferencias Magistrales pronunciadas por el profesor Donges (2003 – 2021)
